Ayer, 4 de Octubre de 2005, el Congreso de los Diputados aprobó la
Proposición de Ley por la que determinados cargos públicos y
sindicales se integran en el Régimen General de la Seguridad Social
(RGSS), y así­ cobrarán paro cuando cesen en su actividad. La
Federación de Jóvenes Investigadores "“ FJI / Precarios valora
positivamente que se reconozca la plena integración en el Régimen
General de la Seguridad Social de estos colectivos, pero quiere
solicitar el apoyo de los grupos polí­ticos del arco parlamentario para que esto se haga efectivo también para los investigadores.

Es especialmente llamativo que esta Proposición de Ley, presentada
por los grupos parlamentarios, haya tenido una tramitación tan rápida (se presentó en Marzo de 2005 [1] ), cuando otra proposición de ley [2], enviada por el Parlamento de Andalucí­a, que propone la misma modificación legal para el colectivo de investigadores (la inclusión en el régimen general de la seguridad social mediante su explicitación en el artí­culo 97 de la Ley de la Seguridad Social) está parada en el congreso desde abril de 2004 y aun no tiene fecha para su toma en consideración.

En el caso del grupo socialista, este retraso es aun más llamativo,
pues en su programa electoral incluye la incorporación plena al
Régimen General de la Seguridad Social de los investigadores de forma
inmediata, que es lo que pretende dicha Proposición de Ley, y ya votó a favor de otra proposición idéntica en la anterior legislatura.

El Ministerio de Educación y Ciencia está preparando un borrador de
Real Decreto que propiciarí­a una asimilación parcial de los
investigadores al Régimen General de la Seguridad Social, con serias
limitaciones en la cobertura y extensión. Estos problemas, que la FJI / Precarios ha denunciado en numerosas ocasiones, se resolverí­an con la incorporación mediante ley en la forma propuesta. Por lo tanto, pedimos que el Congreso tramite a la vez ambas iniciativas, que modifican de igual manera la misma ley, o que incorpore mediante
enmiendas la protección social de los investigadores, especialmente los más jóvenes, cumpliendo así­ las directrices de la Unión Europea [3] que menciona explí­citamente la necesidad de dotar de la protección completa de la Seguridad Social, incluida la prestación por desempleo, a los investigadores desde sus etapas iniciales, en concreto desde el posgrado.

De esta manera, el Congreso manifestarí­a que quiere regularizar y
legalizar la situación social y profesional de más de 23000
investigadores (según datos del Instituto Nacional de estadí­stica
correspondientes a 2003) que todaví­a realizan su trabajo de
investigación en condiciones de precariedad laboral.

Notas:
[1] Expediente:
http://www.congreso.es/inic_dipu/winic_una_dipu.jsp?leg=8&tp=122&num=142es
y publicación:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/B/B_163-01.PDF

[2]
PL 125/00014 de 16 de Abril de 2004:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/B/B_014-01.PDF

[3]
Carta Europea del Investigador:
http://europa.eu.int/eracareers/pdf/C(2005)576%20ES.pdf