Para Enrique Santiago, secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la muerte la pasada madrugada de al menos dos inmigrantes subsaharianos que intentaban entrar en nuestro paí­s por la frontera entre Marruecos y la ciudad de Ceuta, demuestra que aumentar la altura de las vallas fronterizas, como el gobierno pretende hacer en Melilla, no impide que los inmigrantes subsaharianos que se encuentran en Marruecos intenten entrar en nuestro paí­s.

La muerte de dos personas al saltar la valla de seis metros que separa Ceuta de Marruecos pone en evidencia que los intentos de entrar en España por parte de inmigrantes africanos van a continuar mientras continúen las enormes desigualdades que tienen como consecuencia pobreza extrema y hambrunas, y las situaciones de conflicto y violación de los derechos humanos que se viven en ese continente. Las avalanchas, por tanto, no pueden en absoluto ser vinculadas con el proceso de regularización llevado a cabo por el gobierno español, sino más bien con el endurecimiento de las medidas del gobierno marroquí­ contra los inmigrantes subsaharianos, con el empeoramiento de las condiciones de vida de estos inmigrantes en territorio marroquí­ y con el anuncio del aumento de la altura de las vallas que sirven de frontera entre Ceuta y Melilla y el reino de Marruecos.

Las migraciones son un fenónemo inherente a la situación polí­tica y social que sufren muchas zonas del mundo, entre ellas África, y el aumento de las medidas policiales que los gobiernos europeos están proponiendo y ejecutando no las va a evitar. Unas medidas que, por otra parte, pueden hacer aumentar el drama de las muertes y lesiones en personas que son ante todo ví­ctimas.

Ante estas últimas muertes en nuestras fronteras, y que se suman a las ocurridas en la valla de Melilla, hay que exigir una vez más un escrupuloso respeto de los derechos de unos inmigrantes que sólo pretenden una vida mejor y, en muchos casos, una protección internacional. En este sentido, pedir que se modifique el reglamento de extranjerí­a para permitir la devolución automática de los inmigrantes que entren en territorio español por Ceuta y Melilla, implica pedir que se vulneren tanto la Constitución española como la Convención Europea de Derechos Humanos firmada por el Estado español, que consagran el derecho a la defensa y al debido proceso.

Hay que recordar, por último, que muchos de estos inmigrantes subsaharianos a los que se quiere negar el derecho de protección legal huyen de violaciones de derechos humanos en sus paí­ses y por tanto se les estarí­a negando también el derecho a la petición de asilo establecido en la legislación nacional.