Desde hace dos años esta organización ha venido documentando casos que ponen en cuestión la capacidad de Marruecos para intervenir en temas migratorios con el suficiente respeto a las convenciones
internacionales sobre derechos humanos. El reino alaouita no es un paí­s donde se haya dado un proceso democrático y donde sus instituciones sean los suficientemente transparentes como para hacerlas destinatarias de fondos públicos españoles. Llegamos a esta conclusión a través de casos muy graves denunciados por inmigrantes subsaharianos en territorio marroquí­ ante los que hemos demandado las
investigaciones oportunas, sin que hasta ahora se conozcan los resultados. Se han documentado:

§ La presunta violación de tres mujeres nigerianas de
forma sistemática por veinte militares en la gendarmerí­a de Nador.
§ La presunta violación de una mujer camerunesa por
siete militares en el bosque de Bel Younech, colindante con Ceuta.
§ La violación de un menor guineano de catorce años
por dos miembros de la gendarmerí­a marroquí­. Agresión que posee un parte médico y que motivó el traslado por cuestiones humanitarias del menor al Estado español.
§ Las redadas violentas contra los campamentos informales donde se encuentran los inmigrantes y que en casi todas las ocasiones se saldan con múltiples heridos de consideración.
§ Las estrategias de asedio militar a estos campamentos impidiéndoles el acceso a hombres, mujeres y niños al agua potable y a la comida.
§ El respeto nulo a la Convención de Ginebra de 1951,
ratificada por el gobierno marroquí­, para la determinación de la condición de refugiado, que se refleja claramente en la expulsión masiva hace unas semanas de demandantes de asilo desde Marruecos a
Argelia.
§ La deportación de inmigrantes subsaharianos, no a sus paí­ses de origen, sino a Argelia, a una frontera cerrada de manera oficial desde el año noventa y cuatro por la mala relación entre los dos paí­ses. Y todo lo que conlleva una deportación sin garantí­as, sin abogado, sin traductor, sin aportar una atención médica a los enfermos y en la mayorí­a de los casos sin darles agua ni comida.

Por todo ello solicitamos al gobierno español que en sus negociaciones con el gobierno marroquí­:

–  Le exija un respeto total a los derechos humanos tanto de los inmigrantes en tránsito y refugiados como de sus propios ciudadanos y el pueblo Saharaoui, con un pronunciamiento especí­fico en estos acuerdos Un estricto seguimiento y control del cumplimiento de estas premisas en los acuerdos adoptados, mediante mecanismos efectivos y transparentes