Este fin de semana se han reunido en la sede de Ecologistas en Acción de Madrid, diversas organizaciones vecinales, colectivos de afectados, sindicales y ecologistas de once comunidades autónomas (Andalucí­a, Aragón, Asturias, Canarias; Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y Madrid) para analizar la situación del creciente aumento de la contaminación electromagnética producidas por el del despliegue de las redes de telefoní­a móvil y del impacto social y ambiental de la telefoní­a móvil y las infraestructuras eléctricas.

Los participantes hicieron una valoración positiva de las movilizaciones vecinales en los meses de agosto y septiembre en más de sesenta municipios contra la contaminación electromagnética producida por las redes de telefoní­a móvil [1]. La coordinadora estatal valoró que ni siquiera se cumplen las tí­midas recomendaciones de disminución de emisiones en las cercaní­as de zonas sensibles, aumentando la proliferación caótica de las infraestructuras de telecomunicaciones; que van aumentar aún más desarrollo de más 25.000 antenas para la redes UMTS. Las organizaciones asistentes avanzaron en la organización internas en comisiones que de trabajo sobre telefoní­a móvil, lí­neas de alta tensión, subestaciones eléctricas, personas electrosensibles así­ como el asesoramiento en denuncias y temas jurí­dicos.

La coordinadora de organizaciones expresó su solidaridad con la lucha de los vecinos del barrio de Patraix en Valencia contra el proyecto de instalación de una subestación eléctrica en plena zona residencial y valoró positivamente la admisión a trámite por la Fiscalí­a de Medio ambiente de Madrid de las denuncia por los posibles impactos para la salud derivados de la contaminación electromagnética en Majadahonda.

Se acordó seguir trabajando en el camino de la exigencia a las instituciones de un cambio de la normativa estatal sobre telecomunicaciones, y la reforma en profundidad de la Ley del sector eléctrico y el reglamento de lí­neas de alta tensión en el sentido de evitar los impactos ambientales y sobre la salud pública derivados de una exposición a campos electromagnéticos y la necesidad de una comisión interministerial que aborde y dé soluciones al agravamiento del problema de la electropolución.

[1] En los meses de agosto y septiembre ha habido movilizaciones contra la contaminación electromagnética de antenas de telefoní­a móvil en: Andalucí­a ( Aguilar de la Frontera , Algeciras, Cádiz, Córdoba, La Lí­nea, Mijas, Jaén, San Roque, Valencina de la Concepción y Villaverde del Rí­o), Asturias (Avilés y Oviedo), Baleares ( Palma de Mallorca),Canarias (Arrecife, Fuerteventura, Guatiza, Guí­a de Isora, Tias, Teguise, y Telde), Cataluña ( Barcelona Cambrils, Lleida y Vals), Cantabria (Reinosa y Torrelavega), Comunidad Valenciana (Benicásim, Campello, Castellón, Sagunto, Valencia capital, Vall d"™Uixó, Vila-real), Castilla - La Mancha (Azuqueca de Henares, Albacete, Ciudad Real, Talavera de la Reina, Toledo) Castilla y León (Carrión de los Condes, Cuellar, Palencia, Salamanca, Santa Marta de Tormes, Segovia, Valladolid y Zamora), Euskadi (Arrasate, Llodio y San Sebastián),Galicia (A Coruña, Arousa, Burela, Padrón, Santiago), comunidad de Madrid (Brunete, Madrid capital en Prosperidad, Avda. Daroca, Majadahonda y Móstoles) Murcia (Lorca, Murcia capital, Guadalupe, Nonduermas y Santiago y Zaraiche) y Navarra (Pamplona).