UGT y Comisiones Obreras han conocido por filtraciones periodí­sticas como el Gobierno de José Luis Rodrí­guez Zapatero ha decidido condicionar el pago de la aportación pública y de la carga financiera de la deuda acumulada a la puesta en marcha de un plan de reducción del modelo de RTVE.

CC.OO. y UGT consideramos que no es aceptable que se condicione el pago de una deuda generada por los gobiernos del PP y del PSOE y se pretenda que las consecuencias caigan sobre el empleo y los trabajadores. Los sucesivos Presupuestos del Estado sustituyeron la financiación directa por la autorización al endeudamiento de RTVE. Esa polí­tica de ocultamiento del déficit público ha llevado a una deuda acumulada de RTVE a la que el Gobierno debe hacer frente.

La tramitación parlamentaria de la Ley de RTVE, pone las primeras bases para una nueva Corporación que deberá disponer de una financiación estable y acorde con los objetivos de servicio publico que el propio Parlamento definirá mediante un Mandato Marco.

Es un contrasentido que sin que esté constituida esa Corporación y sin que el Parlamento haya decidido que objetivos deben tenerse, el Gobierno pretenda definir esa dimensión. Esa decisión supondrí­a volver a los viejos procedimientos en los que el Gobierno lo decide todo en RTVE.

UGT y Comisiones Obreras nos manifestamos contrarios a que decisiones que afecten al modelo se tomen previamente a la puesta en marcha de la reforma contemplada en el Proyecto de Ley de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal. Estimamos que tanto la SEPI como la Dirección General de RTVE no pueden arrogarse la definición de un modelo que ahora se debate en el Parlamento.

La obligación del Gobierno es asumir como establece la ley, el pago del servicio publico de RTVE, resolver la liquidación de la deuda acumulada y concluir su compromiso de una nueva RTVE pública e independiente de los gobiernos.

UGT y Comisiones Obreras rechazamos la solución del ajuste laboral con destrucción de empleo, cierre de centros de trabajo y reducción del servicio público que sólo beneficia al sector privado y que conduce a la mayor precarización del empleo en el sector audiovisual.