Entre otras cosas, señalan en sus cartas que para estas organizaciones, esta fuente de energí­a, además de tener un impacto ambiental reducido, es actualmente el principal freno efectivo contra el crecimiento desmesurado de las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema energético, que han aumentado muy por encima de lo establecido en los compromisos de reducción del Protocolo de Kioto. Las obligaciones de este Protocolo internacional no se pueden ignorar, y menos ahora que el Gobierno ha decidido ratificarlo, por lo que España quedará legalmente vinculada al cumplimiento de esos compromisos.

Además, la eólica es una fuente de energí­a autóctona, que garantiza un cierto grado de autoabastecimiento energético en un paí­s muy dependiente, es intensiva en puestos de trabajo (existen en la actualidad unos 5.000 empleos directos en nuestro paí­s), distribuye las instalaciones de generación por todo el territorio con su asignación de rentas correspondiente y ha tenido una evolución tecnológica muy interesante en los últimos años.

Las organizaciones subrayan que creen inexacto que la energí­a eólica disminuya la calidad de suministro, como lo prueba el hecho de que los apagones eléctricos se producen en lugares que no coinciden con los de producción eólica.

Creen además que la CNE utiliza un doble rasero a la hora de criticar los apoyos públicos y nunca ha manifestado ninguna crí­tica a otros de mucha mayor cuantí­a y duración en el tiempo. A tí­tulo de ejemplo, la CNE parece ignorar que todos los años siguen pagándose más de 468 millones € para la moratoria nuclear. De manera que, por unos activos que en 1984 valí­an 2.765 millones € , los usuarios de luz ya hemos pagado más de 6.611 millones € y quedan pendientes de compensar 2.753 millones € (BOE 28 Enero de 2002). Para la CNE, tan sensible a apoyos públicos que distorsionan la competencia entre fuentes energéticas, estos apoyos que duran desde hace casi 20 años a unos activos que nunca produjeron un kW-h no le resultan sospechosos. Tampoco la nueva CNE criticó los Costes de Transición a la Competencia cuando eran rechazados por la CE (sabiendo que su finalidad era garantizar especialmente a la energí­a nuclear, que no podí­a recuperar costes en un sistema competitivo), ni la cobertura limitada del riesgo nuclear, ni la actuación del gobierno para construir el cementerio nuclear de Trillo, ni el abuso de la utilización de las declaraciones de utilidad pública para el crecimiento de la infraestructura del gas, etc

Consideran las organizaciones un sospechoso contrasentido que la CNE haya realizado recientemente su "Informe Marco sobre la demanda de energí­a eléctrica y gas natural" instando al gobierno a acelerar la construcción de nuevas centrales de gas para atender la demanda eléctrica y al tiempo haga propuestas que dificulten el desarrollo de fuentes de energí­a con un excelente comportamiento. Es de resaltar que el aludido informe dibujaba un escenario que alejaba del cumplimiento de los objetivos previstos en el protocolo de Kioto para nuestro paí­s, debido al incremento de las emisiones de CO2 y metano (CH4).

La CNE deberí­a tener una visión no estrictamente crematí­stica del mundo de la energí­a, teniendo muy presente que, junto a la preocupación por disponer de servicios energéticos a precios razonables, es preciso atender también a las cada vez más severas y necesarias limitaciones ambientales, minimizar la dependencia, generar puestos de trabajo estables y de calidad y apoyar los desarrollos tecnológicos con futuro.

Por todas estas razones, estas organizaciones instan a la CNE a:

Que confirme si las declaraciones atribuidas a la CNE sobre lo arriba expuesto, aparecidas al menos en "El Paí­s" de fecha 28/01/2002, proceden de una fuente oficial de la CNE y si se basan en algún informe oficial de la misma.
En caso contrario, que desmienta esas manifestaciones y aclare públicamente su posición al respecto.
Que realice un informe sobre las distintas subvenciones, directas e indirectas, que existen en España para las distintas fuentes de energí­a, incluyendo las derivadas de la contabilización o no de las externalidades ambientales.
Que amplí­e el "Informe Marco sobre la demanda de energí­a eléctrica y gas natural, y su cobertura", para incluir las emisiones de gases de efecto invernadero de los escenarios estudiados y su efecto sobre el cumplimiento del Protocolo de Kioto, y se añadan los escenarios necesarios para cumplir dicho Protocolo.
Para Mar Asunción, Responsable de Cambio Climático de WWF/Adena: "España es un paí­s pionero a nivel mundial en producción de tecnologí­as de energí­as renovables. Nos parece un contrasentido que en algo donde tenemos un gran potencial para ser lí­deres, se pongan trabas a su crecimiento. Un organismo de la importancia y supuesta seriedad de la CNE no puede permitirse estas frivolidades. Su misión deberí­a ser lo suficientemente amplia como para incorporar la responsabilidad de nuestro paí­s (que también se va a ver seriamente afectado) en el cambio climático y no la defensa de determinados y muy concretos sectores económicos que solo consideran sus propias ganancias".