1. Los lí­deres mundiales no han estado a la altura del mayor reto de la humanidad en el siglo XXI y han defraudado a millones de personas que pedí­an medidas eficaces y definitivas en la lucha contra la pobreza.

2. Cinco años después de la firma de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), todos los Jefes de Gobierno de los paí­ses del mundo apenas han logrado un acuerdo de mí­nimos, en el que tan sólo reconocen la importancia de sumar esfuerzos para luchar contra la pobreza y donde reiteran las promesas realizadas años atrás, sin lograr superar la brecha que existe entre los discursos y la realidad.

3. Los gobiernos no han dado ninguna explicación sobre la falta de progresos para alcanzar los ODM y no han reconocido en ningún momento el fracaso de la meta del Objetivo 3 (eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria para 2005). El documento no contiene medidas para asegurar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio en el año 2015.

4. Los lí­deres mundiales han hecho oí­dos sordos a los informes de los expertos que insisten en la necesidad urgente de incrementar los recursos de la ayuda, cancelar la deuda externa y permitir a los paí­ses pobres decidir sus propias polí­ticas comerciales. Estas son las tres grandes cuestiones planteadas a los lí­deres mundiales por las organizaciones y movimientos sociales y que no han logrado el acuerdo demandado por millones de personas en todo el mundo.

5. En materia de Ayuda Oficial al Desarrollo, hace casi cuatro décadas que se estableció la necesidad de que los paí­ses desarrollados destinaran el 0,7% de su riqueza para el desarrollo de los paí­ses empobrecidos. En la Asamblea de la ONU tan sólo se han escuchado propuestas de incremento durante la próxima década, de carácter voluntario, y sin garantí­as de que se produzca realmente. En la actualidad, el conjunto de los paí­ses desarrollados destina apenas un 0,24%. Además, no ha sido acordada ninguna medida especí­fica para mejorar la calidad y la orientación de estos fondos, de forma que se garantice su eficacia e impacto en la lucha contra la pobreza. Los intereses particulares de los paí­ses ricos, tanto geoestratégicos como comerciales, seguirán pervirtiendo las ayudas mediante condicionalidades e instrumentos poco apropiados para luchar contra la pobreza.

6. Por otro lado, la necesidad mundial de establecer impuestos globales que garanticen cierta distribución de los recursos disponibles es cada dí­a más importante. Las propuestas escuchadas a algunas delegaciones, también sin acuerdos oficiales, son insuficientes y están aún lejos de lograr algún sistema multilateral de imposición fiscal que permita disponer de nuevos mecanismos de financiación.

7. La Deuda Externa seguirá siendo un cuello de botella fatal para las cuentas nacionales de los paí­ses empobrecidos. A pesar de todas las demandas y campañas realizadas en esta materia, la Asamblea de la ONU ha sido incapaz de superar la propuesta insuficiente, excesivamente condicionada y sin garantí­as que realizaron los paí­ses del G8 el pasado mes de julio. Es imprescindible, para que 62 paí­ses puedan invertir lo necesario en sus estrategias de lucha contra la pobreza, que su deuda externa sea inmediatamente cancelada.

8. Respecto al comercio internacional, después de décadas de liberalismo y aperturas comerciales impuestas a los paí­ses empobrecidos, los paí­ses ricos y las multinacionales han sido las únicas beneficiarias del actual modelo de comercio internacional. En lugar de establecer mecanismos para proteger el derecho de los paí­ses pobres a decidir sobre sus propias polí­ticas comerciales, han primado las intervenciones que reiteran el principio de la liberalización como única alternativa para el desarrollo. Alternativa que no se ha demostrado eficaz en las décadas anteriores, ni para acabar con la pobreza, ni para reducir las desigualdades.

9. El gran pacto por el desarrollo y contra la pobreza que expresa el Objetivo Ocho y que se refiere a los compromisos de los paí­ses ricos, continúa ofreciendo más vací­os que avances y acuerdos concretos.

La Alianza Española contra la Pobreza, en sintoní­a con el Llamamiento Mundial para Actuar contra la Pobreza (GCAP, por sus silgas en inglés) -coalición internacional formada por organizaciones que representan a 150 millones de personas-, viene denunciando el incumplimiento sistemático de las promesas realizadas, muy particularmente en lo que se refiere a los Objetivos del Milenio, que no podrán ser alcanzados si no se acuerdan medidas concretas de forma vinculante para todos los paí­ses.

Representantes de la Alianza Española contra la Pobreza se reunieron el pasado 15 de septiembre en Nueva York con el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y con la Secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pají­n, donde expresaron su descontento con el documento final de la Asamblea de Naciones Unidas.

Aunque el discurso defendido por la delegación española en la Asamblea de la ONU recoge planteamientos próximos a los de la Alianza Española contra la Pobreza, las organizaciones aún seguimos demandando medidas concretas "“algunas de las cuales son competencia del Gobierno español- que hagan efectivo dicho discurso. José Luis Rodrí­guez Zapatero se ha comprometido a recibir a la Alianza el próximo mes de diciembre para valorar los pasos dados por el gobierno español, de acuerdo con el documento "20 medidas para acabar con la pobreza" que la Alianza entregó al presidente del Gobierno el pasado 13 de julio.

La Alianza Española contra la Pobreza continuará realizando actividades de sensibilización y presión para que en las próximas citas internacionales la lucha contra la pobreza sea la prioridad, especialmente en la próxima cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en diciembre.