Mientras en España el gobierno asegura que promoverá la armonización de la polí­tica sobre migraciones a nivel europeo, y pide convertirse en paí­s de llamada para los perseguidos , en Bruselas la representación española está manteniendo posturas restrictivas para los derechos de los inmigrantes y refugiados en temas tan importantes como la actual discusión sobre protección temporal de poblaciones en casos de grandes catástrofes, como la del éxodo masivo durante la guerra de Kosovo, posturas que en nuetro paí­s son totalmente desconocidas por la sociedad civil.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de marzo de 2001 el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjerí­a y la Inmigración que establece expresamente la "participación de España en el diseño de la polí­tica de inmigración, fronteras y asilo de la Unión Europea" Sin embargo, llama poderosamente la atención que entre los órganos responsables de la adopción de dichas medidas se encuentren única y exclusivamente los Ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores. No se prevé absolutamente ninguna medida de información pública sobre estas cuestiones que afectan tan directamente a los derechos de inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados, ni tampoco de participación o simple consulta de la sociedad civil, de los agentes sociales ni de los propios inmigrantes o refugiados, a través por ejemplo del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, ni tampoco de organismos como la Delegación en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, u organizaciones no gubernamentales que generalmente son consultadas en este ámbito y cuya labor precisamente se reconoce y se pretende fomentar en ese Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjerí­a y la Inmigración.

En ese mismo Programa Global se contempla también como otra acción a adoptar "la imprescindible adaptación de la normativa de asilo a las directrices que emanen de la Unión Europea". La adaptación de la normativa de asilo a las directrices emanadas de la Unión Europea es en efecto imprescindible, sin embargo, no es suficiente con limitarse a adaptar mecánicamente la normativa estatal a posteriori, sino que, precisamente en este ámbito de las actividades de la Unión, es donde se hace necesario un mayor control, participación, información y debate previos por parte de la sociedad civil en la formación de la voluntad estatal ante las instancias comunitarias.

Mientras no cambie el sistema de decisión actualmente vigente a nivel comunitario en materia de inmigración y asilo, el hablar simplemente de "imprescindible adaptación de la normativa española a las directrices comunitarias", sin establecer mecanismos de control, participación y consulta de la sociedad civil previos al mantenimiento de una determinada postura de la representación española ante las instancias comunitarias, significa suprimir todo debate sobre la misma.

No se entiende en definitiva que los derechos y libertades de los extranjeros se regulen a nivel interno mediante Ley Orgánica, tras un intenso debate en el que ha participado toda la sociedad civil, y que a continuación las posiciones que va adoptar el Estado español ante las instituciones comunitarias, que van a afectar posteriormente a esa misma materia y que incluso pueden suponer importantes modificaciones sobre la misma, se conozcan y se debatan exclusivamente en los pasillos del Ministerio del Interior.

Tal conducta del estado español es contraria incluso a las recomendaciones de la propia Comisión. Esa instancia comunitaria indica que los representantes de la sociedad civil, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales, así­ como los entes territoriales y colectividades locales deberán también ser socios de este nuevo sistema como participantes y enlaces de los valores del asilo en Europa *

Como conclusión, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado advierte que:tras la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, la normativa española en materia de asilo, inmigración y derechos de los extranjeros puede verse profundamente afectada en un breve plazo de tiempo como consecuencia de las disposiciones emanadas de la Unión Europea y también, solicita al Gobierno, ante la próxima Presidencia española de la Unión, que las posiciones que vayan a mantenerse por España ante las instituciones comunitarias para el desarrollo del Tí­tulo IV del Tratado CE, sean debidamente explicadas con carácter previo ante la opinión pública, con el objeto de que estos asuntos se conozcan y se debatan en la sociedad civil.

*Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo "Hacia un procedimiento de asilo común y un estatuto uniforme, válido en toda la Unión, para las personas a las que se concede asilo", de 22 de noviembre de 2000