Greenpeace ha pedido a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que apoyen la Proposición de Ley de reforma del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) presentada por Izquierda Verde, y cuya toma en consideración se votará mañana dí­a 13 en el Pleno de esta cámara, con el fin de lograr que el CSN funcione con transparencia y de forma verdaderamente
independiente de la industria nuclear.

El escándalo provocado por el grave incidente del sistema de refrigeración de la central nuclear Vandellós-2, en el que a la actitud del titular de la central (propiedad de Endesa e Iberdrola) se sumó la gestión del CSN (que
permitió que Vandellós-2 funcionara siete meses en condiciones de seguridad degradas), evidencia la necesidad de una profunda reforma legal de este Organismo.

Para Greenpeace, la falta de credibilidad del CSN y su trato de favor hacia el sector nuclear son motivos más que suficientes para llevar a cabo una reforma legal del Consejo. El oscurantismo y la falta de independencia del
CSN con respecto al sector nuclear son problemas cuya gravedad se ha incrementado a causa de la gestión realizada por Mª Teresa Estevan Bolea,
desde que accedió a la Presidencia de este Organismo el 18 de julio de 2001.

La actitud del CSN ante los problemas de seguridad de las centrales nucleares es cada vez más permisiva y complaciente. Existen numerosos
ejemplos, como la pasividad del CSN ante los problemas de agrietamiento de la central nuclear de Garoña, la polí­tica de "manga ancha" ante las
deficiencias detectadas en los últimos meses en Vandellós-2, Ascó-1 y 2 y Cofrentes, o la cada vez más frecuente autorización por parte del CSN de exenciones al cumplimiento de las normas de funcionamiento de las centrales nucleares.

Además, la grave crisis interna que atraviesa desde hace meses el CSN, y que no deja de agudizarse (como se evidenció durante las investigaciones en el Congreso sobre el incidente de Vandellós-2), es otro motivo más para acometer sin dilación esta profunda reforma legal. Esta crisis es debida principalmente a la actitud de la Presidenta, Mª Teresa Estevan Bolea, cuya gestión ha sido calificada por los demás Consejeros como de "excesivamente
presidencialista". Estevan Bolea, que ha adoptado decisiones unilateralmente, incluso en contra del criterio mayoritario del resto de los
Consejeros, y que ha extralimitado sus competencias con relativa frecuencia, ha actuado de forma negligente en el suceso de Vandellós-2, llegando a mentir en repetidas ocasiones a los Diputados que formaban parte de la Ponencia especial que investigó este suceso.

La Proposición de Ley del grupo parlamentario IV-IU-ICV (Proposición de Ley de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear), que recoge todas las propuestas de Greenpeace viene haciendo al respecto desde hace casi 2 años, se centra en los siguiente ejes:

– Facilitar la participación del ciudadano y la sociedad civil en su funcionamiento.
– Habilitar canales de comunicación que permitan a los trabajadores del sector plantear denuncias sobre problemas de seguridad en las instalaciones
nucleares y radiactivas, garantizando la protección de la confidencialidad y sancionando a los empleadores en caso de que tomen represalias contra los trabajadores que denuncien problemas de seguridad.
– Establecer un Comité Asesor Técnico independiente en materia de energí­a nuclear, cuya misión sea asesorar y supervisar al Pleno sobre la gestión técnica del Organismo. Las reglas de funcionamiento del Comité asegurarán
una composición equilibrada del mismo, garantizando la presencia de miembros de organizaciones interesadas en la protección del medio ambiente. La pertenencia al Comité será incompatible con cualquier tipo de vinculación
con la industria nuclear.
– Prohibir la celebración de acuerdos de cooperación o de contratos de asesoramiento técnico cuando no se hayan establecido mecanismos adecuados que garanticen la total independencia del CSN en su proceso de toma de
decisiones. Someter de forma expresa la gestión y el control financiero del organismo a la Intervención General del Estado, con carácter permanente y con fiscalización previa de los expedientes.
– Hacer explí­cito el carácter colegiado del CSN en todo el proceso de toma de decisiones, reservando como función exclusiva de la presidencia la representación institucional del Organismo.
– Reformar la estructura organizativa del CSN para hacerlo más eficaz e incrementar el control efectivo del Parlamento sobre las actuaciones del
CSN.