La Ley de Justicia y Paz otorga ventajas procesales, como penas de prisión considerablemente reducidas, a miembros de grupos armados ilegales que han participado en abusos contra los derechos humanos y han aceptado desmovilizarse.

Esta ley sólo concede un plazo de 36 horas a los investigadores judiciales para presentar cargos contra los sospechosos, y establece solamente un periodo de 60 dí­as para investigar un caso, aunque esté relacionado con crí­menes de guerra o crí­menes de lesa humanidad.

Plazos tan limitados como los que establece la legislación abren la puerta al sobreseimiento de las investigaciones, aunque los combatientes hayan participado en abusos contra los derechos humanos. En la práctica, esto podrí­a significar la concesión de una amnistí­a de hecho a muchos guerrilleros o paramilitares desmovilizados.

Además, la aplicación de esta ley a varios presos pertenecientes a las FARC no garantizará la desmovilización del grupo guerrillero en su conjunto ni su adhesión al derecho internacional humanitario.

La aplicación de la Ley de Justicia y Paz a estos 38 guerrilleros tampoco garantizará el emprendimiento de investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las unidades guerrilleras a las que pertenecí­an, la responsabilidad de esas unidades en la comisión de abusos contra los derechos humanos y la posible identificación de otros responsables de los abusos que son objeto de investigación.

Amnistí­a Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros grupos de derechos humanos colombianos e internacionales han expresado su preocupación porque esta ley vulnera el derecho de las ví­ctimas de abusos a conocer la verdad y a obtener justicia y reparación. Amnistí­a Internacional ha pedido al gobierno colombiano que revoque la Ley de Justicia y Paz.

Información complementaria

La Ley de Justicia y Paz fue aprobada por el Congreso de Colombia el 21 de junio y ratificada por el gobierno en julio, aparentemente para facilitar la -desmovilización- en curso de los paramilitares apoyados por el ejército, aunque en teorí­a también está destinada a los miembros de grupos guerrilleros que estén dispuestos a desmovilizarse.

Si bien, todas las partes enfrentadas por el conflicto armado interno de Colombia -las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros- han cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en los últimos años los paramilitares han sido responsables de la mayorí­a de los homicidios de civiles, las -desapariciones- y los casos de tortura, mientras que los grupos guerrilleros han sido responsables de la mayorí­a de los secuestros cometidos por motivos polí­ticos.