Luciano Romero era responsable regional del departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Colombia, la principal organización sindical de ese paí­s, y miembro de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Polí­ticos. Habí­a sido despedido por la multinacional Nestlé durante un conflicto laboral caracterizado, como muchos otros en Colombia, por las repetidas amenazas de muerte contra los sindicalistas por parte de grupos paramilitares. Debido a estas amenazas, Romero abandonó Colombia en octubre de 2004 y fue acogido por el Programa Asturiano de Derechos Humanos, en el que participa CEAR, hasta abril de 2005, cuando regresó a su paí­s.

En la noche del 10 de septiembre, varias personas cerraron el paso del taxi en el que Luciano Romero se desplazaba por Valledupar, ciudad que según han reiterado en múltiples ocasiones las organizaciones colombianas de derechos humanos está controlada por grupos paramilitares de extrema derecha. Romero fue secuestrado, brutalmente torturado y asesinado. Según ha informado la Central Unitaria de Trabajadores en las últimas horas, los autores de este crimen son los paramilitares que actúan con total impunidad en esa zona del paí­s.

Este crimen se suma a la indignante realidad de continuas violaciones de derechos humanos contra sindicalistas colombianos. Sólo durante los primeros cuatro meses de 2005 han sido asesinados 16 de ellos, 123 han sido ví­ctimas de amenazas de muerte, dos han recibido atentados contra su vida, 23 han sido hostigados por su actividad sindical, cuatro han sido secuestrados, 40 han sido detenidos arbitrariamente y seis han tenido que abandonar su lugar de residencia y trabajo por amenazas de muerte. Estas cifras revelan de manera contundente que las violaciones de los derechos de los trabajadores en Colombia son sistemáticas y permanentes, y se dan en un contexto de impunidad general.

Con el asesinato de Luciano Romero los paramilitares violan una vez más el cese de hostilidades acordado con el gobierno de Alvaro Uribe, en el marco de lo que para el gobierno es una desmovilización y para las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos la legalización de estos grupos, consagrada en la recién aprobada ley de Justicia y Paz. Una ley que se ha hecho a espaldas de las ví­ctimas de los crí­menes, quienes no ven reconocidos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, y que no asume la responsabilidad del Estado en la formación de los grupos paramilitares, ni garantiza que estos sean castigados. La propia Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha criticado esta norma, rechazada por todos los sectores de la oposición en Colombia, y que cuenta con las reticencias de la mayorí­a de gobiernos europeos y de organismos como la Organización de Estados Americanos.

CEAR condena el asesinato de Luciano Romero, y manifiesta su solidaridad y apoyo a los sindicalistas colombianos y sus organizaciones.

Asimismo, CEAR pide el fin de la impunidad en Colombia, para que los culpables de este y otros crí­menes sean castigados, y que el Estado colombiano haga cumplir los derechos que permitan la actividad de las organizaciones sociales, frecuentemente criminalizadas y calificadas como subversivas incluso por el presidente Uribe.

Como paso necesario para ese fin de la impunidad, CEAR pide que la Unión Europea no apoye la ley de Justicia y Paz, que ha sido rechazada por las ví­ctimas y por las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.