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EL Gobierno debe consensuar la LOE con quienes defienden el sistema educativo público
Recibida de STEs-intersindical el 13-09-2005 a las 02:09

Ante el cruce de declaraciones entre representantes del PSOE y del PP realizadas con motivo de la posible "negociación" entre ambos partidos del Proyecto de Ley Orgánica de la Educación (LOE), desde la Confederación de STES-intersindical, queremos manifestar lo que sigue:

1º.- Debemos recordar que el PSOE llegó al gobierno con la promesa de potenciar la Escuela Pública y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, y eso es lo que debe hacer: modificar el actual proyecto de LOE de tal forma que esta pase a ser la ley que la Escuela Pública necesita. El PP, sin embargo, aprobó una ley de educación, la nefasta LOCE, contra la opinión de la inmensa mayorí­a de la comunidad educativa y el aplauso de las patronales de la enseñanza privada.

2º.- El tan manido "pacto escolar" es imposible de alcanzar con un partido como el PP que en su época de gobierno rebajó considerablemente el porcentaje del PIB que se destina a educación, tomó todo tipo de medidas para desprestigiar la escuela pública y propiciar el trasvase de alumnado y de fondos económicos de la enseñanza pública a la privada, y que actualmente está situado en una oposición frontal e irracional a todo lo que proponga el actual gobierno.

3º.- El PSOE y el gobierno deben consensuar con las organizaciones polí­ticas y sindicales que defendemos la Escuela Pública, con las que trabajó en su época de oposición al PP, una Ley de Educación que contemple en su articulado tres compromisos claros:

– Compromiso Social por una escuela pública de calidad para todo el alumnado, gestionada democráticamente, laica, coeducadora y compensadora de desigualdades.
– Compromiso Social con todo el profesorado como elemento fundamental del proceso educativo.
– Compromiso Económico del gobierno con la comunidad educativa para asegurar la financiación de la reforma educativa a través de una Ley de Financiación que contemple la inversión del 7% del PIB en educación como una forma de superar los déficit históricos que tiene nuestro sistema educativo.




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