En estos momentos en que Argentina se ve sacudida por las tensiones sociales y la incertidumbre económica, Amnistí­a Internacional visitará el paí­s para presentar al gobierno del Presidente Eduardo Duhalde sus preocupaciones en materia de derechos humanos y proponerle la adopción de un Programa Nacional de Acción en Derechos Humanos.

"La voluntad polí­tica del nuevo gobierno será crucial en abordar los desafí­os en materia de derechos humanos que enfrenta Argentina," declaró la organización, que ha solicitado reuniones con el Presidente de la República y ministros de su gabinete. "Es imprescindible en estas horas que el gobierno dé una señal clara de que la protección de los derechos de todos los argentinos será una de las prioridades de su programa."

Ante las difí­ciles circunstancias económicas actuales, Amnistí­a Internacional insta a las autoridades argentinas a que tengan en cuenta, en la elaboración de sus futuras polí­ticas económicas, los derechos — entre ellos el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado, a la educación y a la salud — establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del cual el Estado argentino es parte.

"Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, y deben respetarse en su totalidad, incluso en las situaciones más crí­ticas," recordó la organización.

Aunque la atención internacional está enfocada principalmente en la situación económica, Amnistí­a Internacional recalcó que sus preocupaciones van más allá de ésta, y abarcan temas que se han mantenido por varios años, como el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, la práctica de la tortura, el acoso a ví­ctimas, testigos y defensores de derechos humanos, y la pesada herencia de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, que continúan en su mayorí­a impunes.

En los últimos meses, Amnistí­a Internacional ha repetidamente expresado su preocupación en lo referente a la actuación de las fuerzas de seguridad en el marco de las manifestaciones acontecidas en varias partes del paí­s, durante las cuales resultaron muertos y heridos numerosos participantes.

"Es vital que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del estado sean investigadas pronta, total e imparcialmente, que aquellos implicados sean suspendidos del servicio y llevados ante la justicia, y que las ví­ctimas reciban adecuada indemnización," manifestó la organización, instando a las autoridades argentinas a que reafirmen el control sobre las fuerzas de seguridad y se aseguren de que las violaciones de derechos humanos cometidas por estas fuerzas no queden en la impunidad.

Asimismo, preocupa a Amnistí­a Internacional la falta de acción efectiva por parte de las autoridades argentinas para erradicar la tortura y los malos tratos que, según información recibida por la organización, son practicados de forma generalizada en el ámbito de las investigaciones policiales y el trato a los detenidos.

"La tortura tendrí­a que ser un hecho del pasado, una etapa superada durante los gobiernos democráticos de los últimos 19 años, pero lamentablemente no es así­: en las cárceles y comisarí­as argentinas hoy en dí­a se sigue torturando y maltratando a detenidos y sospechosos criminales, y se ha registrado un número preocupante de casos, incluyendo muertes bajo custodia", señaló la organización.

"Para garantizar los derechos humanos de todos los argentinos en el futuro, es indispensable sacar a la luz la verdad y hacer justicia en los casos de graví­simas violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado," añadió Amnistí­a Internacional. "El nuevo gobierno debe expresar su firme compromiso de investigar estas violaciones, aclarar la suerte de las miles de personas ’desaparecidas’ durante los años de gobierno militar, cuyos familiares viven la tortura cotidiana de no conocer la verdad, y llevar a los responsables ante la justicia."

"Para luchar contra la impunidad para estas violaciones, es imperativo que se anulen de una vez las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida," declaró Amnistí­a Internacional, considerando como un "primer paso" la decisión del juez federal Gabriel Cavallo de declarar inconstitucionales y nulas estas leyes en una causa sobre desaparición forzada. "Asimismo se deben tomar medidas para proteger a los testigos, jueces, abogados y defensores de derechos humanos involucrados en la lucha contra la impunidad."

La delegación de Amnistí­a Internacional, integrada por Virginia Shoppée, investigadora sobre Argentina, y Esteban Beltrán Verdes, Director de la Sección Española de la organización, estará en Buenos Aires del 11 al 15 de febrero.