Según señaló, desde el mes de marzo se han producido un total de 23 manifestaciones y concentraciones relacionadas con el proyecto del Grupo Gallardo, de las que sólo una fue convocada a favor de la refinerí­a.

De las 22 manifestaciones restantes, 18 no habí­an sido autorizadas, ni se habí­a recibido comunicación alguna en la Delegación del Gobierno. Sin embargo, no se disolvieron, ni se impidió su celebración, subrayó Pereira.

De estas 18 concentraciones y manifestaciones no autorizadas, en 5 —todas en Villafranca— se ha abierto expediente sancionador por alterar el orden público, por impedir la celebración de plenos y por insultar y amenazar a miembros de la corporación local. Sin embargo, las notificaciones que recibieron los afectados hablaban de silbidos y abucheos. La delegada significó que el derecho a la libertad de expresión tiene sus lí­mites cuando se vulneran otros derechos como el desarrollo de los plenos, la integridad fí­sica o el orden público.