El presidente de Andalucí­a Acoge, Abderrahmane Essaadi, trasladó hoy en rueda de prensa su “decepción” ante un Gobierno que anunció que el proceso de regularización normalizarí­a la situación de un millón de personas, cuando los resultados hablan de que ni siquiera la mitad de los inmigrantes podrá documentarse.

En el proceso ha faltado prevención, organización y mecanismos para facilitar el alta en la Seguridad Social de los trabajadores. Sólo en Andalucí­a miles de inmigrantes cuentan con un contrato laboral pero sus empresarios no les han dado de alta en la Seguridad Social, con lo que su solicitud de regularización será negativa.

Andalucí­a Acoge ya ha denunciado esta situación ante el delegado del Gobierno en Andalucí­a y ante el Defensor del Pueblo Estatal. La organización propone que, cumpliendo la normativa laboral, el inmigrante pueda solicitar que se le dé de alta de oficio, algo que el delegado del Gobierno, Juan José López Garzón, ha rechazado porque asegura que “no se trata de un contrato”. Sin embargo, en todos los documentos oficiales del proceso de normalización emitidos por el Gobierno constaba como tal.
Por otro lado, la organización denuncia que más de la cuarta parte de las solicitudes admitidas (18.000 en Andalucí­a, 61.000 en España) están paralizadas pendientes del certificado de empadronamiento. Dichos certificados están en los ayuntamientos a la espera de ser recogidos por los inmigrantes. El desconocimiento, la necesidad de viajar para buscar trabajo y la tramitación de las solicitudes a través de gestorí­as ha ocasionado que los inmigrantes no realicen ese trámite. Andalucí­a Acoge pide que la coordinación entre administraciones salve esta traba para conseguir el éxito del proceso.
Respecto al arraigo laboral, la organización considera que no va a beneficiar “prácticamente a nadie” por la dificultad que entraña demostrar una relación laboral de un año sin contrato alguno. Además, sorprende que hasta la fecha no existan instrucciones del Gobierno sobre el tipo de documentos necesarios para presentar las solicitudes, a pesar de que entró en vigor el pasado 7 de agosto. Asimismo, Essaadi informó de que el arraigo laboral no está teniendo repercusión alguna entre la población inmigrante, a diferencia de la movilización que creó la regularización.

Menores
En los últimos meses, el aumento de la llegada de menores en patera es preocupante, al igual que el descenso en un año de la edad media de éstos, que se sitúa en torno a 15 años. La posibilidad que baraja el Gobierno de abrir centros de menores en Marruecos tiene que estar precedida del seguimiento, la formación y el respeto por los derechos del menor. Por tanto, estos centros no deberí­an de convertirse en espacios de reclusión, sino en instalaciones educativas de acogida que oferten posibilidades de futuro a estos menores.