"El paramilitarismo se desbordó en Medellí­n. Desde hace varios años hemos recibido denuncias sobre lo que ocurre en la ciudad, pero en lo últimos meses la tendencia es a recibir denuncias que involucran a niños y jóvenes hasta los 16 años de edad", cuenta Patricia Fuenmayor, del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH).

La situación ha llegado a tal punto que, en un intento por proteger a los pobladores de la Comuna 13, la más afectada por las presiones paramilitares, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos de la ciudad, lideradas por el GIDH, decidieron presentarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA una solicitud de medidas cautelares a favor de los niños, niñas y jóvenes que habitan esta zona de la ciudad para que se tomen medidas que garanticen su vida y su integridad frente a los acosos por parte del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Este Bloque, liderado desde la sede de los diálogos del Gobierno nacional con las AUC en Santa Fe Ralito, Córdoba por Diego Murillo, alias don Berna, controla la Comuna 13, un vasto sector de las laderas occidentales de Medellí­n que agrupa 22 barrios y habitado por cerca de 134.000 personas, después de la llamada Operación Orión en octubre de 2002, que significó el copamiento de un amplio sector por parte de las autoridades militares y de policí­a, hecho que ha pretendido ser desconocido por las autoridades administrativas de la ciudad.

Pero las influencias del Cacique Nutibara, en proceso de reinserción y desmovilizado en armas desde el 25 de noviembre de 2003, cuando, supuestamente, dejaron su accionar militar 855 combatientes, también llegan a otras comunas de la ciudad, entre ellas la 8, zona oriental de la capital antioqueña, desde donde desarrollan un activismo polí­tico a través de la Corporación Democracia.

La solicitud de medidas cautelares, presentada por el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) y respaldada, entre otras, por la Ruta Pací­fica de Las Mujeres, la Red de Hermanamiento Lazos visibles-Pueblos hermanos, La Red Juvenil y la Corporación El Solar, está acompañada de diversos casos documentados que involucran a presuntos miembros del bloque Cacique Nutibara, quienes vienen presionando a menores de edad, de ambos sexos, entre los 7 y los 16 años para que trabajen para ellos.

"Esperamos por una vez las autoridades dejen de presentar a la Comuna 13 como un laboratorio de paz, que no es; que escuchen la voz silenciada de las comunidades, que hablan a través de las organizaciones no gubernamentales porque se niegan a dar la cara por el temor de sufrir represalias, y que por fin la fuerza pública decida proteger a las ví­ctimas y no a los victimarios, como lo ha venido haciendo".

Las palabras, dichas con vehemencia, fueron pronunciadas por Adriana Arboleda, representante de la Corporación Jurí­dica Libertad, tras describir las acciones de presuntos miembros del desmovilizado bloque Cacique Nutibara en contra de niños, niñas y jóvenes que residen en ese sector de la capital antioqueña que, desde años atrás, vive bajo el imperio de los grupos armados ilegales.

Casos concretos
Dentro de las denuncias por el GIDH se lee la historia de un niño de 12 años que quiere suicidarse porque no soporta que, por mandato de los paramilitares, esté cobrando "vacuna" a los tenderos del barrio; o la narración que hace la madre de una niña de 10 años que viene siendo presionada para que, por ropa y tenis nuevos, ejerza la prostitución. También hay casos donde consta que miembros desmovilizados del Cacique Nutibara han tratado de reclutar forzadamente a jóvenes menores de edad.

Adriana Arboleda expone que en la Comuna 13 persisten dos modalidades de reclutamiento: "a través de la seducción económica, brindando incentivos económicos por seis meses, además de ofertas de educación y programas de recreación, propuesta que los jóvenes aceptan dado el desempleo que vive la zona. Posteriormente, estos jóvenes son involucrados en las acciones propias del accionar delincuencial que ellos siguen desarrollando en la zona: transporte de droga, armas, labores de vigilancia e inteligencia y acciones de amenazas contra la misma comunidad".

La otra forma de reclutamiento es el forzado, el más usado por el bloque Cacique Nutibara. Obligan a los jóvenes a que participen en la desmovilización, la más cercana fue la del bloque Héroes de Granada de las AUC, en el municipio de San Roque, el pasado 1º de agosto. "Miembros del Cacique Nutibara llevaron directamente a los jóvenes a la zona. Aquellos que se opusieron están siendo objeto de amenazas. Incluso se ha generado un rumor público en la comuna de que habrá una masacre y que los jóvenes que se han negado a participar sufrirí­an represalias", agrega Arboleda.

Cuentan algunas madres de familia de la Comuna 13 que dí­as de la desmovilización en San Roque, tuvieron que esconder a sus hijos. Durante dos semanas los jóvenes no pudieron salir ni siquiera a la puerta de sus casas; algunas de esas familias, por lo rumores que han corrido sobre las represalias, han abandonado el barrio.

"Esta situación es supremamente grave, no solamente por el hecho mismo del reclutamiento forzado sino porque se trata de población doblemente protegida por la normatividad internacional de derechos humanos en tanto se trata de niños, niñas y jóvenes menores de edad. De ahí­ la preocupación nuestra", sostiene la representante de la Corporación Jurí­dica Libertad, quien no duda en advertir que esta serie de hechos se suma al control social, polí­tico y militar que viene ejerciendo el bloque Cacique Nutibara.

Sandra Rojas, Defensora Regional del Pueblo, se mostró preocupada por la denuncias, "pero debo decir que los casos no hay llegado a la Defensorí­a. Nosotros le hemos insistido mucho a las ONG que nos hagan llegar los casos para poder requerir a las autoridades y adelantar las gestiones tendientes a la protección de la población. De todas formas, vamos a iniciar de oficio un trabajo de verificación para mirar la veracidad de los hechos que se denuncian y poder actuar como Defensorí­a en protección de los derechos de la gente de la Comuna 13, en especial de los niños y las niñas".

Gustavo Villegas, director de la Oficina de Paz y Reconciliación de Medellí­n, también reclamó pruebas concretas. "Es necesario tener pruebas más contundentes, conocer los nombres de los responsables, que las familias efectúen las denuncias, porque, de lo contrario, poco o nada podemos hacer", argumenta Villegas, quien manifiesta que acciones como las denunciadas por las distintas organizaciones defensoras de derechos humanos empañan, a nivel nacional e internacional, "el duro proceso de reinserción a la civilidad de los grupos de Autodefensas".

¿Qué viene ahora?
Las medidas cautelares son un mecanismo creado en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, especí­ficamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Una vez presentada la solicitud, la Comisión puede asumir tres decisiones: una, rechazar la solicitud; dos, que soliciten mayor información, y tercero, concederlas inmediatamente, lo que exigirí­a por lo menos un mes de conversaciones entre el Estado y las organizaciones que solicitaron las medidas cautelares para que tomen las medidas de común acuerdo con las ví­ctimas y sus representantes que sean necesarias para proteger los derechos vulnerados o en riesgo de ser vulnerados.

Una vez admitida la solicitud, la Comisión por lo regular hace tres solicitudes, que son de obligatorio cumplimiento: que se tomen las medidas necesarias para la protección; que se investiguen los hechos, la mejor forma de garantizar que no haya impunidad, y que se tomen medidas polí­ticas en orden a garantizar que los hechos no vuelvan a ocurrir. Los denunciantes esperan que la próxima semana haya una respuesta a la solicitud.

"Lo que pretendemos es que el Gobierno, tanto nacional como municipal, así­ como la Fiscalí­a, la Procuradurí­a y los organismos de control, dejen de ser inmunes a lo que está ocurriendo en las distintas comunas de Medellí­n frente a la violación de los derechos humanos; y que la Misión de Apoyo en el proceso de paz con las Autodefensas, liderada por el argentino Sergio Caramagna, deje de insistir que su labor es solamente de acompañamiento al proceso de desmovilización y cumpla con la función que le fue asignada de verificación de cumplimiento de cese al fuego", concluye Marí­a Victoria Fallan, abogada del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH).