Respecto a la denominada "liberalización de la venta de coches", que tiene previsto aplicar el comisario de la Competencia, Mario Monti, y que contempla la modificación de Reglamento de exención selectiva y exclusiva de los vehí­culos de motor en vigor desde 1995, los sindicatos europeos, organizados en el ámbito de la Federación Europea de Metalúrgicos (FEM) y de la que forma parte la Federación Minerometalúrgica de CC.OO., ya trasladó, en 2001, a la Comisión, al Consejo, al Parlamento Europeo, y al Ministerio de Ciencia y Tecnologí­a español su total discrepancia y rechazo a las modificaciones del mencionado Reglamento, cuya aplicación está prevista para octubre de este año.

La posición sindical tiene como principal fundamento las consecuencias de la puesta en marcha de esta medida tanto en el empleo del sector, como para la seguridad de los consumidores de vehí­culos. Por ello, los sindicatos europeos apuestan por la continuidad de la distribución selectiva (atendiendo a una selección cuantitativa y cualitativa) y exclusiva más allá del 30 de septiembre de 2002, así­ como el mantenimiento de los principios y objetivos de la actual Exención Bloque 1475/95 para vehí­culos de motor.
La FEM y la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. están convencidos de que el sistema de distribución selectiva y exclusiva de los vehí­culos de motor y de recambios da respuesta a la vez a los intereses de los consumidores, los distribuidores y sus empleados e, incluso, a los propios fabricantes. Por ello, apuestan por que sólo los concesionarios autorizados puedan operar en el mercado de los vehí­culos nuevos; por que se refuercen las disposiciones que protegen a los concesionarios ante los fabricantes (la independencia económica de los concesionarios), y por el mantenimiento de la estrecha vinculación entre las ventas y los servicios postventa como medida de protección de los consumidores.

Ambas organizaciones apuestan por la consecución de un equilibrio entre los intereses de los implicados: fabricantes, suministradores, concesionarios -incluyendo a sus trabajadores- y consumidores. Por lo tanto, la Exención Bloque deberí­a seguir vigente por un perí­odo de, al menos, 10 años a partir del 1 de octubre de 2002.

Más de 50.000 concesionarios en Europa y 3.300 en nuestro paí­s, además de los 10.000 talleres existentes, 1,5 millones de trabajadores en el continente y más de 100.000 en España se verán afectados por esta medida. Al mismo tiempo, lo que se pretende que sea un beneficio para la competencia y los consumidores supondrá su transformación en un monopolio de las grandes superficies (y la práctica desaparición de las pymes del sector) y un perjuicio para los consumidores, tanto en el precio de los vehí­culos como en la seguridad y en la calidad de los mismos.