El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, es insuficiente, no aporta ninguna medida novedosa y reduce la dotación presupuestaria para mejorar la situación de los colectivos sociales más marginados. UGT considera que el Gobierno desaprovecha una nueva oportunidad para la integración de estas personas y recuerda que España ocupa el penúltimo lugar de los paí­ses europeos en protección social, estando a más de seis puntos de la media.

El Gobierno ha presentado este Plan, como un conjunto novedoso de actuaciones que nos permitirá un avance significativo en materia de protección social, pero la realidad es que en su contenido, no se encuentra ninguna novedad significativa que logre cubrir la demanda de atención y de servicios existente. Hay que señalar que la dotación presupuestaria realizada para el desarrollo de este Plan tampoco supone ninguna variación positiva, ya que no es más que la extrapolación de los presupuestos aprobados para el año 2001, a todas luces insuficientes. Es evidente que nos encontramos otra vez con un intento de "vender" una medida que no aporta ningún avance.

Los datos demuestran que España se encuentra muy lejos de alcanzar la media comunitaria en materia de protección social. Nos encontramos en el penúltimo lugar de los paí­ses comunitarios en gastos de protección social, y a más de 6 puntos de diferencia con respecto a la media, según arrojan los datos de EUROSTAT (27.7 media de la C.E. y 21.6 España). En un análisis basado en información del propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre las aportaciones realizadas por las distintas Administraciones en Servicios Sociales, realizados en los últimos años, éstas disminuyen de forma significativa, en contra de toda lógica. Es evidente que la polí­tica del Gobierno no demuestra ningún interés en mejorar esta situación.

Desde UGT, hemos planteado desde hace tiempo la necesidad de elaborar un Plan que realmente suponga la inclusión de los colectivos más desfavorecidos, con un conjunto de medidas realmente eficaces y adecuadas a las necesidades planteadas por la sociedad.
Es imprescindible reforzar el marco de carácter estatal en materia de protección social, mediante el desarrollo de cuatro proyectos legislativos "“ Ley de Rentas Mí­nimas, Ley Básica de Servicios Sociales, Ley de Protección Social, Jurí­dica y Económica a la Dependencia, y la Ley de Empresas de Inserción. Estableciendo de esta manera unos mí­nimos homogéneos para todo el Estado, perfectamente compatibles con las competencias de las Comunidades Autónomas.

Del mismo modo, mantenemos la necesidad real de apoyar a las iniciativas de Desarrollo Local, así­ como la implantación y desarrollo de Planes Integrales de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en las diferentes CCAA. Contemplar la especialización de los Servicios Públicos de Empleo en las problemáticas de los diversos colectivos, no mediante el impulso de unidades especí­ficas, sino mediante su incorporación a los servicios de población general, priorizando para ello la formación de los profesionales de estos servicios, contemplar la accesibilidad de los mismos, etc.
La elaboración de medidas sin la adecuada dotación presupuestaria, como parece ser la intención del Gobierno, hace inviable el desarrollo de las mismas, evidenciando un total desinterés por garantizar la atención y cobertura de servicios para los ciudadanos. Es necesario para lograr este fin, el incremento del gasto en protección social, tal como venimos reivindicando desde hace años.

Por último, mencionar la necesidad de que el Plan recogiera las propuestas y recomendaciones del Consejo Económico y Social, realizadas a través del informe elaborado con dicho objetivo.