Esta empresa, que fue privatizada y que no deja de dar beneficios a sus grandes accionistas, luce una cara bien distinta según las circunstancias. La más radiante en su publicidad y en el patrocinio de eventos deportivos; o la más siniestra cuando se trata de seguir apretando las tuercas de sus empleados. De empresa moderna, solidaria y social a compañí­a novecentista, con prácticas negreras propias de los albores del sistema capitalista.

Ya no solo se permite el abuso constante de los trabajadores subcontratados que se dejan la vida en jornadas sin fin, ahora se enfrenta a sus trabajadores de plantilla que lo único que piden es más seguridad en su trabajo. Ya no solo desafí­a la legislación vigente que tantos años y sacrificios ha costado conseguir sino que se permite el lujo de decidir si una huelga es o no ilegal usurpando incluso la labor de la justicia. Ya no solo se aprovecha de la deslocalización consiguiendo grandí­simos beneficios en paí­ses de Sudamérica o África, aprovechando legislaciones mas afines y sueldos más baratos, ahora lo hace ahorrando costes en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Ahora se trata de los GMO"™s o Grupos Móviles Operativos. Este grupo de trabajadores, junto a otro de la rama comercial, comenzó una huelga indefinida el pasado 17 de junio con un paro de 1 hora todos los viernes para protestar por el deterioro de sus condiciones laborales. Se constituyó el Comité de Huelga con 12 trabajadores, la mayorí­a de ellos sin ningún tipo de filiación sindical, que fue apoyado y avalado legalmente por el Comité de Empresa de Madrid.

No parecí­a una buena fecha por la proximidad del verano y del periodo vacacional y la lógica disminución de plantilla. Pero a todos ha sorprendido cómo la movilización que comenzó en 19 provincias y que fue seguida por 200 trabajadores, en la jornada del 5 de agosto fuera apoyada en más de 30 provincias y más de 600 trabajadores.

También parece sorprendida la dirección de la empresa que, en su ánimo de amedrentar a la plantilla, y sobretodo a los miembros del Comité de Huelga, decidió arrogarse de poderes judiciales y declarar la huelga ilegal. Cuando contempló que la movilización aumentaba entre los trabajadores dio otro golpe de mano y abrió expediente a los miembros del Comité. Y, finalmente, cuando asiste a la gran marea que se le echa encima, y la mayor que se le puede venir en setiembre con toda la plantilla disponible, enví­a la carta de despido a ocho miembros del Comité de Huelga.

Pero esta estrategia no solo responde a intimidar a los trabajadores sino también a sembrar la división y la confusión. Así­, de los 12 miembros del Comité, despiden a 8, sobreseen los expedientes a 2 (el representante del sindicato CGT y a una trabajadora que se encontraba de baja) y los anulan a otros 2 (el presidente del Comité de Empresa de Madrid y la representante del sindicato AST). Evidentemente, el reparto no es casual. Con los 8 despidos pretender hundir aní­micamente a los miembros del Comité y dar así­ un castigo ejemplar. Con los sobreseimientos y las anulaciones se pretende deslegitimizar a quienes, como representantes de los trabajadores, han apoyado firmemente y desde el principio estas movilizaciones.

Pero el estado aní­mico y la firmeza de los 8 trabajadores despedidos no ha mermado y han decidido seguir en la lucha. En la concentración celebrada ayer viernes en la central de la calle Rios Rosas de Madrid ante un centenar de trabajadores se decidió continuar con la movilización y seguir exigiendo a la empresa Telefónica que se siente a negociar con los trabajadores para dar una solución a los graves problemas que afectan a este sector de la plantilla. Las reivindicaciones no solo se tratan de mejoras de condiciones laborales sino evitar el deterioro progresivo de estas y se exige que se cumplan los acuerdos y directrices de Seguridad y Salud, que no se abuse del acuerdo para prolongar una hora la jornada laboral, que se renueve la flota de vehí­culos o que se acondicionen y mantengan las centrales telefónicas que sufren un abandono total por lo que aumentan sensiblemente los riesgos de accidente laboral.

La actitud de la multinacional no solo supone un fuerte encontronazo con los trabajadores afectados sino con el resto de la plantilla y, por ende, con el conjunto de los trabajadores. Que una empresa sea capaz de conculcar toda la legislación vigente declarando ilegal una huelga o despidiendo a los miembros del Comité de Huelga significa que los derechos laborales de los trabajadores están bajo mí­nimos. Que sea Telefónica quien lo haga, una empresa hasta hace unos años pública y hoy privatizada, con ramificaciones en todas las áreas de negocio, con sucursales en medio mundo y con enormes beneficios, significa que cualquier trabajador se encuentra, en la actualidad, en la cuerda floja.

Tal vez sea un aviso para navegantes, pero permitir el triunfo de las tesis de esta empresa puede marcar el futuro de las relaciones laborales en el resto. De ahí­ la responsabilidad que asumen los trabajadores del Comité de Huelga, la plantilla afectada y el conjunto de personal de Telefónica de España.