UGT considera que la modificación que se ha efectuado en la Encuesta de Población Activa es negativa y empeora el conocimiento del mercado de trabajo ya que oculta casi 500.000 desempleados para enmascarar la verdadera situación de nuestro mercado de trabajo con respecto a la Unión Europea. El sindicato exige que el INE continúe publicando de forma desglosada el colectivo de desempleados considerados ahora inactivos porque la lucha contra el desempleo exige polí­ticas adecuadas, no la ocultación del paro a través del manejo de las cifras.

El Instituto Nacional de Estadí­stica (INE) presentó ayer públicamente los cambios realizados en la Encuesta de Población Activa (EPA) que entrarán en vigor en el primer trimestre de este año, y ofreció las estimaciones del impacto de los mismos sobre las principales magnitudes del mercado de trabajo utilizando los datos del tercer trimestre de 2001 (último publicado). Dichos cambios son tres:

1.Aplicación de nuevas proyecciones de población, para recoger el impacto de la inmigración, infravalorado en las anteriores proyecciones basadas en el Censo de 1991. Se aplicará desde el primer trimestre de 1996, puesto que antes de esa fecha la inmigración estaba bien estimada.

2. Reponderación de la muestra, que supone un cambio técnico que ajusta la población por sexo, edad y territorio estimada por la EPA a las nuevas proyecciones realizadas sobre el Censo. El objetivo del cambio es corregir la actual infrarrepresentación del colectivo entre 25 y 49 años en la Encuesta, que al centrar el grueso de la ocupación, también centra la mayor parte de la falta de respuesta en la Encuesta, puesto que cuando ésta se realiza se encuentran trabajando. Este cambio tendrá efectos desde el tercer trimestre de 1976, revisando por tanto toda la serie histórica de la EPA.

3.Aplicación de la nueva definición de paro, en cumplimiento del Reglamento 1987/2000 de la Comisión Europea, que modifica el concepto de búsqueda "activa" de empleo que debe realizar una persona para ser considerada parado.

En concreto, el cambio básico consiste en que hasta ahora bastaba con estar inscrito en la oficina pública de empleo para ser considerado parado, mientras que ahora el desempleado deberá haberse puesto en contacto con la misma en las últimas cuatro semanas con el objetivo de encontrar trabajo; no sirve, por tanto, la renovación administrativa de la inscripción. De esta forma, se eliminan del cómputo de parados todos aquellos que tienen como único método de búsqueda de empleo su permanencia en el registro del INEM y no se han puesto en contacto con la oficina en las últimas cuatro semanas para encontrar trabajo. Se aplicará desde el primer trimestre de 2002.

Los efectos de las tres medidas son, resumidamente:

Nuevas proyecciones: aumenta fuertemente la población total, distribuyéndose dicho incremento entre todas las categorí­as de forma casi proporcional;

Reponderación: aumenta mucho la ocupación y poco el paro;
Definición paro: reduce fuertemente el desempleo.

Las dos primeras modificaciones, nuevas proyecciones de población y reponderación de los colectivos, suponen cambios eminentemente técnicos cuyo objetivo es adecuar las cifras globales ofrecidas por la EPA con la realidad poblacional de nuestro paí­s, que ha sufrido transformaciones importantes en el último quinquenio que deben ser recogidas. En este sentido, desde UGT consideramos que pretenden mejorar la fiabilidad de la Encuesta y con ello el conocimiento de nuestro mercado de trabajo, lo que no admite objeciones de fondo.

No obstante, la fuerte repercusión sobre el número de ocupados que tendrá la reponderación (unas 800.000 personas más), su impacto sobre otras importante estadí­sticas relacionadas, como la Contabilidad Nacional Trimestral) y la existencia de notables disparidades en dicho efecto al analizarlo por sexos y Comunidades Autónomas, obligan a realizar un seguimiento detallado de sus repercusiones de forma permanente. Esto debe ser, sin duda, contenido imprescindible de los trabajos desarrollados en el Grupo sobre Estadí­sticas del Mercado Laboral abierto en el seno del Consejo Superior de Estadí­stica, pero además debe implicar al INE en un esfuerzo continuo de explicación y divulgación de las cifras.

Con todo, el cambio más importante, por su negativo impacto en el conocimiento real del mercado laboral, es la modificación de la definición de parado derivada de la aplicación del Reglamento 1897/2000 de la Comisión, sobre la que cabe hacer numerosos comentarios:

En cuanto al contenido, el cambio es muy discutible:

– Para UGT resulta evidente que estar inscrito en una oficina pública de empleo es un método "activo" de búsqueda de empleo, en muchas zonas casi el único posible y viable, por lo que, aún cuando éste sea el único método de búsqueda utilizado por una persona, deberí­a ser considerado como "desempleado".

– En nuestro paí­s el contacto con la oficina pública no es obligado sino cada tres meses, aspecto legal que en ningún caso puede achacarse a la persona sin empleo, de la que no cabe pensar más que, si acude a la oficina del INEM, es porque quiere encontrar un puesto de trabajo. No se entiende por ello, tampoco, que no se tengan en cuenta las renovaciones de la inscripción, al considerarse como contactos "meramente administrativos".

– En nuestro paí­s es muy importante el colectivo de desempleados desanimados que, a la vista de la imposibilidad de encontrar un puesto de trabajo, tan sólo permanecen inscritos en el INEM como demandantes, pero manteniendo indudablemente el objetivo de encontrar un empleo.

En cuanto a la forma, desde UGT queremos también realizar varias consideraciones:

– El hecho de que los cambios provengan de una disposición de la Comisión Europea no significa en absoluto que mejoren las estimaciones o que sirvan para "converger" con las cifras europeas. Se tratará tan sólo de una aproximación formal, no real, puesto que el paro y el colectivo de parados será el mismo, lo refleje o no la cifra ofrecida por la Encuesta. No cabe, por tanto, hacer ahora "borrón y cuenta nueva" aceptando sin más las nuevas estimaciones y dándolas por buenas.

– Desde UGT consideramos que el objetivo último de la estadí­stica pública es conocer de la forma más fidedigna posible la situación de la población de un paí­s, en este caso su relación con el mercado laboral, y estamos convencidos de que el cambio impuesto por la Comisión empeora dicho conocimiento.

– En este sentido, sorprende la escasa beligerancia del Ministerio de Trabajo con relación al mencionado cambio, que supone que casi 500.000 personas, que desean trabajar, están disponibles para ello y no pueden, pasarán a considerarse sin más inactivos. De esta forma, se dará la paradoja de que este colectivo será considerado parado por el INEM, con lo que este organismo seguirá llevando a cabo las acciones pertinentes para encontrarles un empleo, mientras que para la Encuesta oficial encargada de medir el desempleo real existente en nuestro paí­s, no será considerados parados, sino inactivos. En este caso, la pretendida homologación europea provocará una incomprensible e indeseable disparidad a nivel nacional.

Se trata, en definitiva, de una modificación muy negativa, que empeora el conocimiento de nuestro mercado de trabajo y que, lejos de acercarnos a la situación europea en materia de desempleo (como algunos pretenden hacer ahora de forma interesada), sólo sirve para enmascarar nuestra verdadera posición, ocultando casi 500.000 desempleados de forma lamentable.

Por todo ello, y al igual que el origen externo de la medida no puede llevar a una perniciosa complacencia con las nuevas cifras, la actuación del INE al respecto no puede quedar en una simple explicación de lo ocurrido. Para UGT la necesaria transparencia de la estadí­stica pública obliga a que el dato del colectivo de desempleados que van a ser considerados ahora inactivos se siga publicando de forma desglosada en los resultados detallados de la Encuesta, para posibilitar el acceso al mismo de forma gratuita y generalizada.

El INE ha argumentado repetidamente que el cambio en la definición de paro ha sido una imposición de la Comisión, a la que el Organismo español se ha opuesto durante mucho tiempo, consciente de las negativas implicaciones que su aplicación tendrí­a sobre la Encuesta nacional; y nos consta que así­ ha sido. Sin embargo, una vez que el cambio ha sido ineludible, es el INE el responsable de que esta valiosa información siga publicándose para no emborronar el conocimiento de nuestro mercado de trabajo. Hay que tener en cuenta que la publicación de dicho dato no supone ningún coste ni esfuerzo adicional para el Instituto, que tiene que estimar de forma obligada dicho colectivo para poder excluirlo después. Sólo la publicación de dicho dato es coherente con los principios rectores de la polí­tica del INE, basados en hacer la estadí­stica pública española cada vez mejor, más accesible y a menor coste.