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El Gobierno oculta tras la propuesta de Troconiz la intención de implantar un sistema de pensiones de capitalización Recibida de UGT-Confederal el 05-02-2002 a las 01:02
UGT exige que no se arrincone el derecho de la mujer a una pensión digna Las manifestaciones en el día de ayer del Presidente de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y diputado del PP, Fernando Fernández Trocóniz, abogando por unas pensiones menores para las mujeres dada su mayor esperanza de vida, constituyen un despropósito y una aberración por cuanto: Tal propuesta, supone en realidad plantear un sistema de pensiones de capitalización, ya que sólo tendría cabida en los seguros privados. Significa, en suma, salirse fuera del marco de nuestro actual modelo al eliminar elementos de solidaridad propios del sistema público de reparto reconduciéndolo hacia sistemas de ahorro o capitalización. Incluso en países con este tipo de sistemas privados de pensiones, como es el caso de Chile, es generalizada la crítica a la consideración de la esperanza según el género para el cálculo de las pensiones. La propuesta es retrógrada por cuanto aviva y agrava, aún más, las diferencias de género existentes hoy en España. Al ser menores los salarios de las mujeres, sufrir más la precariedad del empleo y, por consecuencia, tener peores carreras de cotización, sus pensiones son bastante menores que las de los varones: la pensión media de incapacidad permanente de las mujeres es hoy un 31% inferior a la de los varones, y la pensión media de jubilación un 37% inferior. Añadir a estas diferencias una reducción de su pensión sobre la base de su mayor esperanza de vida supone un atropello, por cuanto con la reducción de las pensiones de las mujeres se estarían financiando las pensiones de todos aquellos mejor situados en el mercado de trabajo. No cabe pensar, por lo tanto, en una propuesta más regresiva e injusta. La propuesta es, además, intempestiva por cuanto ignora y arrincona las demandas reales de las mujeres para perfeccionar su derecho a pensiones dignas, entre otras muchas, la consideración como cotizados de todos aquellos períodos de tiempo dedicado al cuidado de hijos u otras personas dependientes, una mejor regulación de la protección de la maternidad y la ampliación de los permisos parentales. UGT considera que esas declaraciones no son en modo alguno una broma por cuanto provienen de un señaladísimo diputado del Partido Popular al que además su partido le ha encargado la responsabilidad (nada menos) de presidir la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. En consecuencia, las declaraciones no parten del desconocimiento, sino que, por el contrario, reflejan la idea sobre la forma que debe tomar en el futuro el sistema español de pensiones: el cambio progresivo desde un sistema solidario hacia otro de capitalización. A mayor abundamiento, hay una extendida y fundada presunción de que, más allá de las declaraciones grandilocuentes de respaldo al sistema actual, toma cuerpo cada vez más en el PP la idea de que hay que transformar el actual sistema de pensiones en otro basado en el aseguramiento privado. No es sólo una sospecha, es lo que abiertamente propugnan grupos con alto grado de influencia en la derecha política. Y, sobre todo, la dirección en la que el Partido Popular va introduciendo poco a poco reformas parciales en el sistema de protección social, y también en las pensiones, desnaturalizando el sistema para así facilitar una progresiva privatización del mismo. Además, y en todo caso, expresa con nítida claridad la manera en la que se entienden desde ámbitos de la derecha política las políticas de protección a la mujer y el avance social que supone la prolongación de la edad media de vida de la población española: inhibición de las políticas públicas, recorte de prestaciones y fomento del mercado privado. Y, por último, y de forma especialmente señalada por la significación política que tiene, cabe preguntar ante esas declaraciones qué sentido, qué función y qué garantía real para los ciudadanos y para la sociedad española tiene el Acuerdo de Pensiones del pasado abril de 2001. Esas declaraciones debilitan el Acuerdo en su fondo y sus principios y reabren, una vez más, las sombras acerca de la conveniencia y el acierto políticos del mismo tal y como apresuradamente fue elaborado. |
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