Riesgos laborales asociados a la extinción de incendios forestales (IIFF)

Entre 1991 y 2005, los incendios forestales en España acabaron con la vida de 80 personas: 45 profesionales de los servicios de extinción y 35 ciudadanos.

A pesar de ser una actividad de alto riesgo, la extinción de los incendios forestales adolece de una adecuada polí­tica preventiva de riesgos laborales para las trabajadoras y los trabajadores que la llevan a cabo.
Diez años después de haber sido aprobada la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la mayorí­a de las comunidades autónomas aún no se ha elaborado la evaluación de riesgos correspondientes a los planes preventivos de las actividades asociadas a la prevención y extinción de los IIFF.

CCOO propone que la Inspección de Trabajo emprenda, de manera inmediata, una actividad especial en todas y cada una de las comunidades autónomas, encaminada a vigilar si se cumple la Ley de Prevención respecto a los riegos de todos los implicados en la extinción de incendios forestales (retenes forestales, agentes forestales, técnicos, brigadas helitransportadas, bomberos, etc.).

Para evitar situaciones como en la que nos encontramos hoy (utilización de mascarillas de papel, gafas de plástico, cascos diseñados para la construcción, ropa sin tratamiento igní­fugo, falta de botiquines, etc.) es imprescindible que todos y cada uno de las trabajadoras y los trabajadores que intervienen en la extinción cuenten con equipos de protección individual (EPI) debidamente homologados. Es preciso modernizar y asegurar el mantenimiento de los medios materiales que se utilizan en las labores de extinción, tales como autobombas, vehí­culos ligeros, aeronaves, etc.

Inestabilidad en el empleo

Más del 70% de los colectivos de trabajadoras y trabajadores que componen los retenes y brigadas contra IIFF realizan sus trabajos en condiciones de precariedad laboral. La mayorí­a tiene contratos temporales que se limitan a la campaña de incendios (en algunas CCAA tan sólo los tres meses de verano).

CCOO reclama, una vez más, que se dupliquen los medios humanos. En la actualidad, hay un ratio de un trabajador por 1.100 ha, cuando el ratio deberí­a ser de un trabajador por cada 500 ha. La prevención de incendios forestales, además, deberí­a realizarse a lo largo de todo el año y no limitarse a las campañas estivales de extinción de IIFF.

Es necesario ampliar las plantillas de agentes forestales de las CCAA. La superficie máxima por agente forestal no debe superar las 5.000 ha de territorio (la media es de 4.600), porcentaje que debe disminuir cuando la superficie cuente con espacios protegidos.

Investigación y persecución de los delitos de incendios forestales: los agentes forestales deben actuar como policí­a judicial.

En España de producen alrededor de 20.000 incendios forestales al año. El 96% de ellos se deben a la acción humana. El 53% son intencionados y de éstos apenas el 1% de éstos termina en procedimiento penal.

Una polí­tica preventiva eficaz requiere conocer las causas inmediatas y concretas por las que se producen los incendios forestales. La investigación permite identificar a los autores de los IIFF, lo que permite exigir las correspondientes responsabilidades en el ámbito civil y penal.

En la mayorí­a de las CCAA no existen todaví­a unidades de agentes forestales que estén dedicados a la determinación de las causas y de los autores de los incendios. Valoramos el RD 23/07/05 porque favorece la colaboración de los agentes forestales con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con los organismos jurisdiccionales, pero para que esa colaboración pueda ser plena harí­a falta el reconocimiento expreso de los agentes forestales como policí­a judicial.

Hace unas semanas, CCOO presentó el informe que analizaba la situación actual de los incendios forestales en España que puede consultarse en: www.ccoo.istas.es.