La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), advierte que las deportaciones colectivas de inmigrantes llevadas a cabo en estos últimos dí­as por los gobiernos de Gran Bretaña y Francia violan las convenciones internacionales de derechos humanos firmadas por los paí­ses europeos. Estas expulsiones colectivas, aprobadas la semana pasada por los ministros de Interior de los paí­ses del G5, entre los que se encuentra España, son contrarias al derecho que cada persona tiene a que su petición de residencia o asilo en un Estado sea considerada individualmente. La devolución masiva de inmigrantes afganos llevada a cabo el 26 de julio mediante un vuelo charter con destino a Kabul viola además la Convención de la ONU contra la Tortura, que en su artí­culo 3 establece que ningún Estado procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a un Estado en el que haya violaciones de derechos humanos y en el que por tanto esa persona pueda estar en peligro de ser sometida a tortura.

En este sentido, la elección de Afganistán como primer destino de estas expulsiones acordadas por los gobiernos de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido es cuando menos desafortunada. Afganistán no puede considerarse en la actualidad un paí­s seguro. Los asesinatos, levantamientos y atentados se suceden en todo el paí­s al acercarse las elecciones legislativas del 18 de septiembre próximo, mientras, como han denunciado diversas organizaciones internacionales, crece la impunidad.

La devolución colectiva a sus paí­ses de origen de inmigrantes en situación irregular es presentada por los gobiernos europeos como una medida eficaz y necesaria de disuasión frente a la decisión de emigrar. Pero es a la vez un mensaje de humillación y de indiferencia de los paí­ses europeos con respecto a la población de los paí­ses pobres que están en conflicto.

CEAR, por tanto, pide a los gobiernos europeos que renuncien a la polí­tica de devoluciones colectivas que no tienen en cuenta la dignidad de las personas ni las condiciones del paí­s de origen de los expulsados, y que además son contrarias a las convenciones internacionales de derechos humanos de las que esos mismos gobiernos son firmantes.