Lo mismo cabrí­a decir de la utilización del agua para riego en presente campaña de 2005, quizás al comienzo de un ciclo interanual de sequí­a. De
todos los rincones de Andalucia, desde Huelva hasta Jaén, nos llegan datos acerca de la insuficiencia de control sobre las tomas, legales e ilegales, de agua. El sistema de regulación del Guadalquivir desembalsa agua a un ritmo preocupante: mil millones de metros cúbicos desde principios de abril a mediados de julio, lo suficiente para abastecer todos los consumos urbanos e industriales de la cuenca en dos años. Y todaví­a queda buena parte de la campaña de riegos. Si llueve el próximo invierno y el siguiente, se salvarán los trastos. Si no, todos, incluida la minorí­a social que se beneficia de
este sistema hidráulico, nos lamentaremos.

Los responsables nacionales y autonómicos de la gestión del agua lo saben perfectamente. No es posible decir las cosas más claramente de lo que se dicen en el Acuerdo del Agua que se acaba de firmar hace unos dí­as, en presencia de la ministra Cristina Narbona. Pero la opinión pública, la inmensa mayorí­a de los ciudadanos que usa el agua para fines domésticos con moderación y que necesita un medio ambiente hí­drico sano, sigue desorientada e indefensa. Mientras tanto, las estructuras de poder de la vieja polí­tica
del agua se resisten a cualquier cambio que afecte a sus intereses. Hace unos dí­as una asociación de usuarios ilegales de aguas subterráneas se reuní­a en Jaén para pedir * que se suspendan los expedientes sancionadores que por fin, como manda la ley, la nueva administración ha empezado abrir.

Una de las claves de la nueva polí­tica del agua es reconocer la diversidad de las funciones y usos del agua, con objeto de establecer criterios
adecuados de gestión. El agua para la vida, con funciones básicas de supervivencia tanto de los seres humanos como de los sistemas naturales,
debe ser reconocida y garantizada como prioritaria. El agua para actividades de interés general, con funciones de bienestar y cohesión social, debe situarse en un segundo nivel de prioridad en conexión con los derechos sociales de ciudadaní­a. El agua para la producción económica, en actividades económicas legí­timas, ligadas a intereses privados, debe reconocerse en un tercer nivel de prioridad. Por último, en cuarto lugar, se presentan los usos del agua ilegí­timos, cuando no explí­citamente ilegales. La
sobreexplotación de acuí­feros, las extracciones abusivas o el uso irresponsable del territorio, deteriorando los campos y el medio ambiente
hí­drico, son ejemplos de ello. Tales usos deben simplemente ser evitados por medio de la aplicación rigurosa de la ley.

Generalmente, cuando se habla de problemas del agua se hacen invocaciones a la responsabilidad y autocontrol de los ciudadanos. Nunca está de más
hacerlo, pero en estos momentos aún más importante es llamar a la protesta ciudadana contra el descontrol de los usos del tercer e incluso cuarto nivel, que son la única razón de que las demandas vitales y de interés general estén en riesgo.

Francisco Puche Vergara (Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua), José Lagares Rosado (CCOO-Andalucí­a), Jose Manuel Guerrero Mantel
(UGT-Andalucí­a), Francisco Casero Rodrí­guez, (Presidente de la Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica), José Fco. Rodrí­guez Sillero (Coordinador Ecologistas en Acción-Andalucí­a), Miguel Ángel Santos Genero
(Secretario General Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA Andalucí­a), Guido Schmidt (WWF-Adena), Leandro del Moral Ituarte (Fundación Nueva Cultura del Agua).