Amnistí­a Internacional insiste en que la Ley de "Justicia y Paz" garantiza la impunidad de quienes han cometido abusos contra los derechos humanos y afirma que sin justicia no es posible un final definitivo para la crisis de derechos humanos colombiana que dura más de 40 años. "Sin una investigación imparcial y el procesamiento de los culpables será imposible alcanzar la paz".

Por un lado, Leyre Pají­n, Secretaria de Estado de Cooperación, afirmó que "España ni apoya ni financia la desmovilización" y por otro el Ministro transmitió a las ONG que "el Presidente español insistió al Presidente Uribe sobre la necesidad de un mecanismo de vigilancia a la aplicación de la ley y por eso sugirió que la Unión Europea crease una comisión para llevar adelante el proceso con todas las garantí­as. El Presidente Uribe lo aceptó. España quiere convencer a sus socios europeos respecto de esta Comisión de Vigilancia".

Amnistí­a Internacional ha enviado recientemente al Presidente Zapatero más de 25.000 correos electrónicos con una petición muy clara: que no apoye ni polí­tica ni económicamente la Ley de "Justicia y Paz". Sin embargo la iniciativa del mecanismo de vigilancia de seguimiento de la aplicación de esta Ley, constituye una legitimación de la misma.

"Es preocupante el desconocimiento del Gobierno español sobre las consecuencias que tiene apoyar este instrumento jurí­dico para las ví­ctimas de un conflicto que en los últimos 20 años se ha cobrado la vida de más de 70.000 personas y ha provocado el desplazamiento de tres millones y medio de civiles", ha declarado Amnistí­a Internacional.

La organización insiste al Gobierno español que no apoye ninguna desmovilización de grupos armados ilegales hasta que el gobierno colombiano haya impuesto garantí­as que aseguren que todos los miembros de estos grupos responsables de abusos contra los derechos humanos y los que los han apoyado militar y económicamente, comparecen ante la justicia. Estas garantí­as son parte de las obligaciones internacionales contraí­das por el Estado colombiano con la verdad, la justicia y la reparación y no están reconocidas en la Ley de "Justicia y Paz".

Desmovilización sí­, pero de verdad
Miguel Ángel Moratinos afirmó ayer: "desmovilizar no es malo, es una buena señal para todo el mundo". Por ello Amnistí­a Internacional ha pedido repetidas veces a los sucesivos gobiernos colombianos que desmantelen los grupos paramilitares y rompan los ví­nculos que existen entre ellos y las fuerzas de seguridad y otros agentes estatales. Sin embargo desde que las Autodefensas Unidas de Colombia declararon un alto el fuego unilateral el 1 de diciembre 2002, son más de 2.200 los homicidios y desapariciones que Amnistí­a Internacional tiene documentados por paramilitares.

Hay pruebas recogidas por la organización que demuestran que las estructuras paramilitares permanecen intactas tras la "desmovilización", los paramilitares siguen cometiendo violaciones de derechos humanos en las zonas donde supuestamente se han desmovilizado, muchos se están "reciclando" en calidad de informadores a sueldo del ejército, y continúa la connivencia entre los paramilitares y algunos sectores de las fuerzas de seguridad.

"La desmovilización no tendrá éxito si el dominio polí­tico, económico y criminal que ejercen los paramilitares en muchas partes del paí­s no se desmantela y sustituye por el Estado de Derecho. La Ley de Justicia y Paz no tiene ese objetivo. Es una ley que garantiza la impunidad de los paramilitares o guerrilleros implicados en violaciones de derechos humanos, incluidos crí­menes de guerra y crí­menes de lesa humanidad, no hace nada para que sean sometidos a investigaciones judiciales completas e imparciales y no contribuye a la rendición de cuentas".

Para Amnistí­a Internacional, la única forma de conseguir una desmovilización real es obligar a los paramilitares a cooperar plenamente con las autoridades judiciales y revelar información sobre los delitos que ellos y otros combatientes han cometido, los bienes que han adquirido gracias a sus actividades ilegales y el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad y otros agentes estatales y privados en las violaciones de derechos humanos.