Determinados juzgados están poniendo trabas a los extranjeros que desean casarse utilizando la recién aprobada ley de matrimonio gay, solicitándoles un certificado de que pueden casarse en su paí­s mediante una ley similar, lo que es imposible porque sólo Holanda, Bélgica y Canadá permiten estos matrimonios. Sin embargo, el artí­culo 50 del Código Civil establece que los ciudadanos extranjeros podrán casarse y se les puede aplicar la normativa española o la de sus paí­ses respectivos, por lo que si en sus paí­ses no existe el matrimonio entre parejas del mismo sexo siempre pueden acogerse a la ley española.

Ahora es la jueza del Registro Civil de Denia la que ha paralizado la tramitación de una boda de dos mujeres, utilizando la posible inconstitucionalidad de la ley aprobada aludiendo al artí­culo 32.1 de nuestra Carta Magna: \"El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurí­dica\".

Más tarde o más temprano estábamos esperando un recurso de inconstitucionalidad, pero estamos convencidos que este recurso realizado por una juez de registro no está capacitada para presentar un recurso de este tipo, puesto que sus funciones son administrativas para hacer cumplir los requisitos de las leyes y no sentenciadoras.

Desde la Federación COLEGAS creemos que se trata una vez más de un caso flagrante de rebeldí­a legal y de desobediencia a la ley, y por tanto se trata de una forma encubierta de objeción de conciencia.

Desde la Federación COLEGAS animamos a gays y lesbianas a que presenten los recursos oportunos para hacer cumplir la ley y ejercer con libertar del Artí­culo 14 de nuestra Constitución, a pesar de cuantas trabas y obstáculos están poniendo un sector minoritario e intransigente. Esperamos que se impongan las leyes y su justo criterio al criterio moral y subjetivo de una minorí­a que pretende diferenciar constantemente.