Solamente hasta marzo de este año, tres abogados fueron ejecutados. Carmen Aí­da Ibarra, activista de la entidad, afirmó a la agencia Prensa Latina que ese tipo de hechos demuestran que los jueces y los administradores de justicia siguen siendo blancos de atentados por parte de aquellos sectores que se sienten amenazados por las investigaciones que los operadores tienen a su cargo.

La activista humanitaria aseguró que los ataquen son parte de un patrón de violencia orquestada por grupos poderosos del narcotráfico y del crimen organizado que tienen como propósito generar impunidad. Todo esto trae a colación que en el pasado el Estado ha sido incapaz de enfrentar esa situación.

Sin embargo, recientemente la Corte Suprema de Justicia confirmó la aprobación de un plan de emergencia para dar protección a decenas de operadores judiciales que enfrentan amenazas de muerte en sus trabajos. Diecinueve jueces y seis magistrados que fueron intimidados serán protegidos por agentes de seguridad.

La Fundación Myrna Mack destaca que la carencia de dispositivos estatales de carácter estratégico para combatir con eficiencia las estructuras que se dedican al narcotráfico, al contrabando, a los secuestros y a otras formas de crimen organizado, provocan que esa situación en el paí­s quede fuera de control.

Según la entidad, el problema se agravó porque las instituciones de seguridad y justicia están llenas de agentes del poder emergente que ejercen un amplio control sobre las instituciones polí­ticas, particularmente en órganos departamentales y municipales de partidos polí­ticos y en instancias estatales.

De acuerdo con la fundación, a esa situación se suman las polí­ticas de -tolerancia cero- aplicadas por las autoridades que consisten en recurrir al ejército y a militares reformados para el combate a la delincuencia común, al crimen organizado y a la violencia polí­tica.

Traducción: Daniel Barrantes - daniel.barrantes@gmail.com