Greenpeace ha valorado muy positivamente la aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados del etiquetado eléctrico. La ley aprobada obligará a que todas las compañí­as eléctricas tengan que acompañar las facturas de
una etiqueta, con un diseño uniforme y oficial, que indique con claridad el origen de la electricidad vendida al consumidor y el impacto ambiental producido en su generación.

Greenpeace ha expresado su satisfacción por la decisión del Congreso, que obligará al Ministerio de Industria a modificar el decreto que estaba
preparando en la dirección propuesta por ecologistas, consumidores y sindicatos, a través de la campaña "QUEREMOS SABER... PARA PODER ELEGIR".

"Ahora tendremos un etiquetado eléctrico estándar, con lo que los consumidores podrán recibir la información fiable sobre el impacto ambiental que necesitan para ejercer su derecho a elegir las fuentes de energí­a de la electricidad que compran" -ha declarado José Luis Garcí­a Ortega, responsable de proyectos de la Campaña de Energí­a de Greenpeace España-. "Las compañí­as eléctricas que se dedican a engañar al consumidor con energí­a falsamente verde o incitando al derroche energético, lo van a tener más
difí­cil".

El etiquetado eléctrico ha adquirido rango de ley, gracias a una enmienda incluida la Ley de Impulso a la Productividad, que se ha aprobado hoy en el pleno del Congreso a propuesta del grupo parlamentario de ERC. El texto aprobado dice que, como medida de protección al consumidor, en el Real Decreto por el que se requiere que en las facturas eléctricas se indiquen las fuentes de procedencia de la energí­a, el Gobierno "velará por establecer
una información sistemática en cada factura, con formato informativo uniforme para todas las empresas, que incluya elementos que faciliten la
comprensión de los impactos ambientales asociados a cada fuente, que limite los porcentajes de procedencia desconocida y que garantice la rigurosidad en la procedencia de los datos".

El Ministerio de Industria ya estaba preparando un Real Decreto que incluí­a el etiquetado eléctrico. Sin embargo, la propuesta ministerial habí­a sido fuertemente criticada en el Consejo Consultivo de Electricidad, entre otros por Greenpeace, ya que permitirí­a a las compañí­as inventarse la etiqueta que indique el origen de la electricidad, con lo que los consumidores no podrí­an comparar entre lo que les ofrecen distintas compañí­as, y lo que es peor, equivaldrí­a a legalizar el engaño "verde" de las eléctricas.

La diferencia fundamental entre la enmienda aprobada a la Ley de Impulso a la Productividad y el decreto propuesto por el Gobierno, es que éste no establece una etiqueta uniforme, ni en su forma ni en su contenido, con lo que cada compañí­a eléctrica podrí­a presentar como quisiera la información sobre el origen de la electricidad que venden. Además, según el borrador de decreto, esa etiqueta no tendrí­a que contener la información sobre el impacto ambiental de la electricidad suministrada ni habrí­a ningún órgano
independiente que controle la fiabilidad de la información proporcionada. La aprobación de la enmienda a la Ley obligará al Gobierno a modificar el decreto, para exigir un formato uniforme de la etiqueta eléctrica.