El proyecto de reconstrucción de la muralla histórica entre el Baluarte de San Roque y la Playa de Santa Marí­a del Mar contemplaba la construcción de un aparcamiento subterráneo rotatorio (por horas) para 300 vehí­culos. Dicho proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Cádiz y redactado por la Dirección General de Costas, suponí­a un claro desví­o de recursos destinados a la protección del litoral para una actuación que nada tiene que ver con ésta y cuya finalidad era de carácter meramente urbano. Como reconocí­a el propio proyecto, se pretendí­a "solucionar, en parte, la carencia de aparcamientos que sufre la ciudad de Cádiz", objetivo que se escapaba de lleno de las competencias de la Dirección General de Costas y el Ministerio de Medio Ambiente. Ecologistas en Acción habí­a estado denunciando desde la presentación del proyecto hace tres años que era inadmisible que el Ministerio de Medio Ambiente dedicara recursos destinados a la protección de la costa para construirle un aparcamiento subterráneo al Ayuntamiento de Cádiz. Este insólito hecho sólo podí­a entenderse como una concesión del anterior gobierno del PP a un ayuntamiento de su partido, que recordaba demasiado a actitudes caciquiles y serviles de otra época.

Además, con este proyecto, el Ministerio de Medio Ambiente, en lugar de tener como objetivo la protección ambiental, estaba apoyando la más irracional e insostenible polí­tica de movilidad y transporte, en la que es experto el Ayuntamiento de Cádiz, que tiene como objetivo principal la promoción incondicional del automóvil privado como modo de transporte hegemónico en la ciudad. La construcción de aparcamientos rotatorios en la ciudad de Cádiz ha favorecido el aumento de los desplazamientos en coche a la capital y el empeoramiento del tráfico urbano, contribuyendo a la situación de colapso que vive la ciudad en la actualidad. ¿Qué hací­a el Ministerio de Medio Ambiente contruyendo un aparcamiento subterráneo en el centro de una ciudad?

Por suerte, parece que la cordura se ha impuesto en los actuales responsables del Ministerio de Medio Ambiente, que por fin se han decidido a paralizar un proyecto de indefendible presencia en los presupuestos de la Dirección General de Costas.