En la práctica esto supone que a los vertederos no podrán llegar residuos peligrosos de ningún tipo, ni materia orgánica ni ningún material sujeto a recogida selectiva. Evidentemente, a partir del 16 de julio la gran mayorí­a de vertederos españoles serán ilegales.

Algunas Comunidades Autónomas han hecho prueba de imaginación para soslayar sus obligaciones legales, como instaurar una "lí­nea de estabilización" consistente en echar cal viva sobre los residuos biodegradables, pero la mayorí­a parece decidida a aplicar la polí­tica de hechos consumados. No se han organizado controles de admisión, los residuos siguen llegando a los vertederos mezclados y son vertidos sin ningún tipo de aprovechamiento ni de separación previa. Además, la gestión de los residuos en España sigue sin aplicar la prevención y la reutilización como primer paso hacia la sostenibilidad.

Ecologistas en Acción siempre ha abogado por la recogida selectiva en origen de la materia orgánica para poder obtener un compost de calidad en pequeñas o medianas instalaciones, y por medidas de prevención y reutilización para reducir la cantidad de basura generada.

Por el contrario, la administración suele apostar por carí­simas y gigantescas infraestructuras, mal diseñadas y mal gestionadas, algunas tan sofisticadas que ni siquiera funcionan, y que no evitan que los vertederos sigan llenándose de valiosos recursos. Primando la rentabilidad de unos sistemas de gestión de materiales en vez de una gestión social y ambientalmente sostenible, las Comunidades Autónomas hacen un flaco favor a nuestro maltrecho entorno.