Expertos internacionales de las áreas del Derecho, la Economí­a, la Sociologí­a, la Educación y la Acción Sincical reinvindicaron el pasado jueves el valor del trabajo en la Sociedad del Conocimiento, en el curso de la Jornada Confederal "Nuevas realidades del trabajo. Respuestas Sindicales", organizada por UGT en el marco de los trabajos preparatorios de su 38 Congreso Confederal. Los participantes en las jornadas coincidieron en la necesidad de impulsar iniciativas polí­ticas, sociales y sindicales para hacer compatibles los avances tecnológicos y las nuevas formas de organización empresarial con el acceso democrático a la educación, la protección social y el trabajo estable, digno y con derechos.

Los ponentes de constataron cómo, en paralelo a los vertiginosos cambios tecnológicos de los últimos años y al proceso de mundialización económica, se ha producido una ruptura del equilibrio entre capital y trabajo a favor del primero. Según señaló el Secretario General de UGT, Cándido Méndez, en la clausura de la jornada, "la producción ha perdido protagonismo frente al valor bursátil" y, en este contexto los derechos laborales son percibidos como "rigideces" que amenazan el crecimiento económico. Esa ideologí­a, que pone en peligro el "modelo social europeo", está en el origen de la precarización de las condiciones laborales, cuyas principales ví­ctimas son las mujeres, los jóvenes y los trabajadores inmigrantes.

Junto a la inestabilidad del empleo, el acceso restringido a la formación, la alta siniestralidad, las amenazas contra la intimidad de los trabajadores o la individualización de las relaciones laborales forman parte de una "nueva realidad del trabajo" que, según coincidieron en señalar los participantes en las jornadas, no es el resultado mecánico del avance tecnológico y de la "globalización", sino el fruto de una ideologí­a al servicio de los intereses de las grandes concentraciones de capital y a la que urge dar cumplida réplica desde claves progresistas.

Cándido Méndez señaló el papel central del trabajo en la vida de la gran mayorí­a de los ciudadanos para defender la vigencia de los sindicatos, y advirtió que el objetivo del "pleno empleo" no puede servir de coartada para recortes de derechos. Señaló, además, la necesidad de buscar un entendimiento con la patronal para definir "un nuevo modelo de empresa" que recoja sus responsabilidades sociales.

Penny Clarke, miembro del Secretariado de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), señaló el avance que supuso la cumbre europea de Niza, por cuanto puso la polí­tica social de la UE y su estrategia por el empleo en el contexto de la Sociedad del Conocimiento. Criticó, sin embargo, el insuficiente presupuesto de la UE para avanzar verdaderamente en la convergencia real. Como problemas comunes a los mercados laborales de los Quince, Clarke señaló los excesos de jornada y el aumento de su distribución irregular; la falta de acceso a la formación continua, que afecta al 70% de los trabajadores con contrato estable y al 82% de los precarios; los bajos salarios y las diferencias discriminatorias de remuneración entre géneros; y el continuo trasvase del trabajo asalariado a la situación de "autónomos dependientes". Defendió la necesidad de una mejor coordinación de los agentes sociales y los poderes públicos para mejorar las condiciones de los trabajadores atí­picos y, en este sentido, señaló la importancia de la futura directiva comunitaria sobre ETT y de la apertura de negociaciones con la patronal europea para regular el teletrabajo.

El Catedrático de Sociologí­a de la Universidad Autónoma de Madrid, Luis Enrique Alonso, expuso la pérdida de centralidad del valor del trabajo en la representación social a raí­z de la ruptura histórica del pacto fordista-taylorista, en el que se asentaron las relaciones laborales del Estado del Bienestar. La "sociedad organizada" ha dado paso a la "sociedad-red", en la que el valor privilegiado es la "competitividad". Alonso reivindicó la necesidad de romper la "vinculación mágica" entre formación y competitividad, y abogó por una "tecnologí­a con sujeto", capaz de generar empleo digno. El trabajo debe recuperar su lugar central entre los valores sociales, pero esa centralidad debe ser reconstruida desde un reconocimiento de la diversidad capaz de integrar las múltiples culturas laborales hoy existentes: la de la mujer trabajadora, la del inmigrante o la del joven con contrato precario.

Tomás Valdés, consultor y experto en Educación para el Trabajo, criticó el desigual reparto de la "riqueza inmaterial" que constituye la formación en la Sociedad del Conocimiento. Un proceso de avance en la privatización de la educación que redunda en un mayor determinismo social. Tal situación es compatible con una "sospechosa" proliferación de ofertas educativas generadas según la lógica del mercado.

Valdés constató, además, cómo las nuevas formas de organización cortan toda posibilidad de "hacer carrera" en la empresa: la promoción vertical ha sido sustituida por la movilidad horizontal. Frente a una educación que ha caí­do en la trampa de someterse a la lógica del mercado y de la competitividad, reivindicó una educación al servicio de la construcción autónoma del individuo que funcione como elemento de cohesión social.

El profesor de la fundación belga Travail-Université Gerard Valenduc expuso los cambios económicos, tecnológicos y de estilos de vida que constituyen la llamada Sociedad del Conocimiento y que generan riesgos de "polarización" y "exclusión social". Los principios de unidad de tiempo y lugar de trabajo en los que se basa el Derecho Laboral dejan de funcionar en el nuevo contexto. Valenduc propuso reconducir al marco institucional la tendencia a la flexibilización de las condiciones laborales, articulando para ello la negociación colectiva y la acción polí­tica. Como ejemplo de ello, señaló la necesidad de garantizar por ví­a legislativa la reducción del tiempo de trabajo.

Fernando Valdés dal-Re, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, explicó cómo el principio de estabilidad en el trabajo ha sido socavado desde los años 70 con medidas legislativas que, presentadas inicialmente como coyunturales, ha acabado por instalarse definitivamente en el ordenamiento jurí­dico y romper la unidad de la idea de trabajo. Paralelamente, el triunfo del principio de descentralización organizativa como clave de la nueva organización empresarial ha contribuido a "desestructurar" el Derecho del Trabajo. En este contexto se diluyen los perfiles de la figura del empresario y del trabajador, y se dificulta la labor del sindicato como instrumento de la acción colectiva.

En continuidad con el planteamiento de su colega, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, Tomás Sala Franco, expuso cómo la descentralización de las empresas ha rebasado el marco legislativo y ha puesto en evidencia graves lagunas legislativas en el terreno de las empresas de trabajo temporal (ETT), las contratas y subcontratas de obras y servicios, y los grupos de empresas. Sala abogó por cubrir esos vací­os en aras de la mejor protección de los trabajadores en situación de precariedad y de una adaptación de la negociación colectiva a las nueva realidad empresarial.

Tomas Garcí­a Perdiguero, economista y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, condujo el debate hacia la necesaria democratización de las empresas. Según señaló, ese proceso debe partir de una redefinición de la "responsabilidad social de la empresa." Perdiguero criticó la facilidad con que se hacen compatibles los incrementos de beneficios y los despidos de trabajadores, y aseguró que se han atribuido a la globalización problemas de exclusión y desigualdad, "mientras que se ha dejado en la penumbra la responsabilidad de las empresas en esas realidades". De acuerdo con el ponente, la caí­da del prestigio social del empresario en los años 90 es una respuesta a la ausencia de criterios éticos en la gestión y al discurso de la creación de valor para el accionista, un mito "nocivo para el equilibrio de las sociedades".

En la clausura de la jornada, el Secretario de Acción Sindical Confederal de UGT, Toni Ferrer, propuso la alianza de todos los movimientos sociales progresistas para devolver su auténtico valor al trabajo estable, digno y con derechos, si bien subrayó el papel preponderante de los sindicatos en tal labor, "porque son los que están en el seno de las empresas". Ferrer abogó por "confrontar ideas con el pensamiento neoliberal" y, frente al modelo de pleno empleo huérfano de derechos que esta ideologí­a propone, defendió un pleno empleo "compatible con el Estado Social Europeo". Entre los retos sindicales inmediatos señaló la necesidad de mejorar las condiciones de entrada y permanencia en el mercado laboral de mujeres y jóvenes, reducir la temporalidad, mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, regular nuevas realidades como el teletrabajo o la descentralización productiva, plantear mayores exigencias a las ETT, reivindicar la dignidad y los derechos fundamentales de los trabajadores frente a realidades como el acoso moral o el menoscabo de la intimidad, garantizar los derechos de los inmigrantes e integrar laboralmente a los discapacitados como ví­a para su plena integración social. Otras lí­neas de actuación sindical propuestas por Ferrer fueron el impulso a la democratización de las empresas, la defensa del papel de la negociación colectiva y la redefinición de la participación institucional de los agentes sociales en el marco de un Estado de las Autonomí­as desarrollado.