La exposición pública en el Área de Industria y Energí­a de la delegación del Gobierno en Badajoz del proyecto de una central térmica de ciclo
combinado de la empresa Iberdrola en Alange, ha despertado gran interés y numerosos ciudadanos han manifestado su oposición a que se permita
este proyecto, y especialmente a que se le conceda la declaración de utilidad pública, teniendo en cuenta que la mayorí­a de los alegantes
consideran que puede perjudicar sus intereses particulares e intereses públicos como la calidad del aire y la conservación del medio ambiente.

Esta central térmica generarí­a electricidad utilizando como fuente de energí­a la combustión de Gas y Gasóleo, emitiendo gases contaminantes a
la atmósfera y aguas contaminadas al rí­o Matachel.

Sintiéndose afectados por esta actividad, en el plazo establecido, Ecologistas en Acción de Extremadura y muchos ciudadanos (más de 700
según los datos con que cuenta esta Asociación) han formulado Alegaciones contra la declaración de utilidad pública de esta central térmica.

En sus alegaciones Ecologistas en Acción considera que los intereses que persigue esta Asociación y nuestra calidad de vida se pueden ver
negativamente afectados por las emisiones que realice esta industria, sin que de ello consideran se derive utilidad pública ni esté
justificada su autorización administrativa entre otros por los siguientes motivos.

Consideran que esta nueva central térmica de gas y gasóleo es contraria al espí­ritu y los fines del protocolo de Kioto suscrito por el estado
español contribuyendo a aumentar las emisiones de CO2, uno de los gases causantes del cambio climático que amenaza a todo el planeta.

En todo caso opinan que serí­a más lógico apostar por el ahorro, la eficiencia y las energí­as renovables como la energí­a solar fotovoltaica que se pueden instalar en los tejados de las viviendas, cerca del lugar de consumo, reduciendo el impacto de su transporte (tendidos eléctricos)
y sin provocar perjuicios como los que achacan a las térmicas.

Entre los mayores inconvenientes critican las lluvias ácidas que pueden provocar sus emisiones de NO2 y SO2, y el aumento del Ozono troposférico
que afectarí­an negativamente a otras actividades más sostenibles de la zona como la agricultura y ganaderí­a de Tierra de Barros y las Vegas del
Guadiana, dándose la circunstancia de que existen fincas de agricultura ecológica muy próximas.

Opinan también que las emisiones contaminantes y su mera presencia también incidirí­an negativamente sobre el creciente turismo del
balneario de Alange, que según sus datos genera más empleo estable que el previsible en esta central térmica.

Estiman que el elevado consumo de agua pondrá en peligro las reservas del embalse de Alange del que según el anteproyecto obtendrí­a el agua,
además las emisiones a la atmósfera podrí­an perjudicar la calidad del agua del embalse.

Alertan de que las lluvias ácidas que pueden provocar sus emisiones de NO2 y SO2 también pueden incidir negativamente sobre el patrimonio
histórico-artí­stico de Mérida, acelerando los procesos de erosión de la roca. Consideran que no se ha estudiado suficientemente la incidencia
que podrí­a tener y serí­an necesarios estudios profundos y detallados que mostraran claramente cuál serí­a el efecto de estas emisiones los dí­as en que los vientos desplacen los gases contaminantes hasta Mérida, o se depositen mediante la Lluvia Ácida.

Pero, sin duda, preocupa especialmente las emisiones contaminantes que pueden afectar negativamente a la salud de los ciudadanos de las
localidades más cercanas como Alange a unos 1500 metros, La Zarza, Don Álvaro, Villagonzalo, Torremejí­a, Almendralejo o Mérida entre otros,
produciendo un previsible daño a la salud pública.

Los fenómenos de inversión térmica y la posible acumulación de gases en el valle donde se pretende emplazar esta actividad amenazan con
incrementar los efectos negativos de los gases y partí­culas emitidas, siendo de esperar valores de inmisión de NO2, SO2, Ozono,....superiores a los permitidos por la legislación vigente. Esto deberí­a conllevar la inmediata paralización de la actividad, lo que no está previsto en el proyecto de Iberdrola.

El hecho de que sea una empresa privada, IBERDROLA, la que va a explotarla y por tanto va a obtener beneficios económicos de esta actividad contaminante, hace no sea justificable para esta Asociación la declaración de utilidad pública, sobre todo teniendo en cuenta la posible afección a los intereses de muchos ciudadanos/as y propiedades públicas.

La existencia de lugares declarados ZEPA y LIC a escasa distancia y la previsible afección a sus valores ambientales de los contaminantes
emitidos y las instalaciones aparejadas como los tendidos eléctricos de alta tensión, caminos, gaseoducto,.... pueden afectar muy negativamente
a algunas especies protegidas por la legislación.

A la vista del gran número de proyectos de centrales térmicas de ciclo combinado existentes en el estado español, no parece claro que vaya a
existir gas suficiente para abastecer a esta central, ni que sea compatible con el uso domiciliario que también se hace de este combustible.

Las grandes dimensiones del tanque de gasóleo de 2,6 millones de litros, hacen temer un importante uso de este combustible, aumentando mucho más
el efecto contaminante. En todo caso no encuentran en el proyecto garantí­as suficientes de que este combustible no se va a emplear salvo
en caso de extrema necesidad, y serí­a imprescindible absoluta transparencia e información en tiempo real de cuando se está usando Gasóleo a la población y a las administraciones. Desde Ecologistas en Acción temen que se va a usar este combustible mucho más de lo que se dice en este proyecto teniendo en cuenta la limitación de los gaseoductos y el incremento de la demanda de este combustible.

Consideran que el estudio de impacto ambiental presentado no valora suficientemente todos los perjuicios ambientales y que no se
compensarí­an con los supuestos beneficios económicos, para unos pocos, que podrí­a generar esta central térmica.

Por todo ello han solicitado que le sea denegada la autorización administrativa, se informe negativamente el impacto ambiental y se le
deniegue la declaración de utilidad pública.