Tras el cese de hostilidades entre las elites industriales cruceñas y la oligarquí­a castiza occidental, por la preservación-supresión del modelo estatal centralista, ambas facciones de la derecha boliviana conciliaron su necesidad común de un escenario electoral de relegitimación del debilitado estado neoliberal y para ello pretenden imponer a un desgastado y cuestionado Parlamento una -regla de excepción- que modifique la Constitución Polí­tica del Estado acortando el mandato del Legislativo, convocando a una renovación eleccionaria de los poderes del estado y permitiendo la eventual habilitación como candidatos a los adalides de nuevo cuño del modelo neoliberal: los ex Presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, que junto al actual presidente del Senado, el cruceño Hormando Vaca Diez, promueven posponer la agenda social para priorizar la renovación del Legislativo y el Ejecutivo pero dentro el marco jurí­dico vigente.

Tres son los objetivos que impelieron a las elites nacionales enfrentadas a esta coyuntural rearticulación, a) ahogar el ardor de las demandas de los sectores populares en una nueva parodia de la democracia; b) objetivizar el descontento del sector productivo y la clase media en la institución de un gobierno -fuerte-; y c) conjurar la patente amenaza de una Ley de hidrocarburos confiscatoria y de una Asamblea Constituyente que abolirí­a para siempre el orden jurí­dico que sustenta los privilegios de la casta encomendera nacional y de los inversores transnacionales.

Después de haber arrastrado al paí­s a una fratricida polarización, los grupos de interés tanto del oriente como del occidente han acordado que una nueva elección general les propiciará un escenario -democrático- de definición de su disputa sectaria sobre quién debe detentar el control polí­tico del paí­s y desde dónde se debe gobernar Bolivia.

Tras una artificial polémica discursiva entre supuestos defensores de la integridad nacional y quienes se pretenden reivindicadores de las autonomí­as regionales, subyace la pugna entre el conservadurismo centralista de occidente y el autonomismo separatista de oriente. Después de haber fracasado en resolver sus conflictos de interés exacerbando el regionalismo y la confrontación, ahora pretenden diferir a una compulsa en ánforas la definición sobre la hegemoní­a estatal.

No hay misterio alguno tras la nueva elección presidencial que impelen las fuerzas conservadoras de la derecha. La vigorosa estrategia mediática dirigida a trasvestir la expectativa de nacionalización en la expectativa sobre una nueva elección es la misma que emplearon la Fundación Carter y algunas otras filiales de la -promoción de la democracia- en 2002, cuando una alianza entre partidos sistémicos propiciada por la Embajada de EEUU propició la llegada al poder del hombre más resistido de Bolivia. La única diferencia es que el nuevo adalid de la derecha se llama Jorge -Tuto- Quiroga y no Gonzalo Sánchez de Lozada; el resto - el patrocinio de la embajada norteamericana, su formación académica en EEUU, su arraigo a la lí­nea dura neoliberal y su polí­tica entreguista de los hidrocarburos - es de absoluta simetrí­a entre uno y otro.

Erick Fajardo Pozo, Corresponsal de Adital en Bolivia