ICM es el organismo autónomo que tiene arrogadas las competencias en materia informática y de comunicaciones de la Comunidad de Madrid y, por tanto, gestiona el patrimonio de estas caracterí­sticas de la Administración Autonómica y las bases de datos de los ciudadanos residentes en la Comunidad de Madrid (sanidad, empleo, tributación, servicios sociales, educación, vivienda, etc.).

ICM cuenta con un presupuesto anual de 170 millones de euros y está integrado por una plantilla de 750 trabajadores, con una tasa de eventualidad del 27%, todo lo que obstaculiza la eficiencia del organismo.

Amparándose en esta excusa, el deficiente funcionamiento de ICM, sólo imputable, por otra parte, a la incapacidad para la gestión que han mostrado los responsables polí­ticos, la Comunidad de Madrid pretende convertir el organismo autónomo en ente público para posteriormente proceder a su privatización.

UGT considera imprescindible que ICM mantenga su actual personalidad jurí­dica pública y ha solicitado a la Comunidad de Madrid que abandone toda especulación sobre su futuro.

Una de las previsibles consecuencias de esta operación es la filtración de las bases de datos personales.

UGT se opondrá a toda tentativa encaminada hacia la venta indiscriminada de la confidencialidad de los datos particulares de los administrados y administradas residentes en la Comunidad de Madrid.

Por todo ello, UGT, que disfruta de mayorí­a en el comité de empresa, ha iniciado un proceso de movilizaciones que comenzó ayer con un encierro en la sede del organismo autónomo a fin de paralizar la sinrazón mostrada por los responsables polí­ticos del Gobierno regional.