Amnistí­a Internacional ha asegurado que le preocupaban sobremanera los informes sobre torturas y uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad marroquí­ al dispersar a manifestantes saharauis en el curso de las manifestaciones celebradas en El Aaiún y varias ciudades más de Marruecos y el Sáhara Occidental a finales de mayo y principios de junio.

Las protestas empezaron pací­ficamente, según observadores independientes, pero degeneraron en violencia en El Aaiún el 24 de mayo y los dos dí­as siguientes, cuando, según informes, los manifestantes quemaron banderas marroquí­es y lanzaron piedras y cócteles molotov mientras las fuerzas de seguridad empleaban contundentes tácticas armadas para dispersarlos. Por un lado, fuentes no oficiales aseguran que las fuerzas de seguridad marroquí­es hicieron uso excesivo de la fuerza, arremetiendo contra manifestantes pací­ficos, golpeándolos con porras e hiriendo a más de un centenar. Varias decenas de personas requirieron tratamiento hospitalario; según informes, después de haber recibido tratamiento en el hospital público de la localidad se les denegó el certificado médico correspondiente. Por su parte, las autoridades acusan a los manifestantes de desencadenar la violencia y afirman que una decena de miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante las protestas de El Aaiún y varios más en una manifestación organizada en Rabat por estudiantes saharauis el 27 de mayo de 2005.

Parece ser que el detonante de esta última oleada de disturbios en el Sáhara Occidental, territorio que Marruecos se anexionó en 1975 en una controvertida decisión, fue el traslado de un preso saharaui, Ahmed Haddi, de El Aaiún a Agadir, 550 kilómetros al norte en Marruecos, el 21 de mayo de 2005, así­ como las denuncias de que habí­a sido maltratado. Ahmed Haddi habí­a sido encarcelado en el 2003 por tráfico de drogas e insultos a la monarquí­a, aparentemente en función de una confesión previa al juicio que, según denunciaba, se habí­a obtenido mediante tortura; de acuerdo con la información de que dispone Amnistí­a Internacional, esta alegación no se ha investigado. Cuando miembros de la familia Haddi y activistas locales protestaron por su traslado, los informes indican que las fuerzas de seguridad los dispersaron violentamente, lo que provocó nuevas manifestaciones a lo largo de varios dí­as.

Entre el 24 y el 26 de mayo, cientos de manifestantes se echaron a la calle en El Aaiún para denunciar lo que consideraban una actuación policial indebida y reivindicar la independencia del Sáhara Occidental. Algunos portaban banderas de la República Árabe Democrática Saharaui, el Estado proclamado por el Frente Polisario. A finales de mayo y principios de junio las protestas se extendieron a otras ciudades del Sáhara Occidental, como Smara y Dakhla, y fueron acompañadas de manifestaciones de estudiantes saharauis en ciudades marroquí­es como Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech y Rabat.

Más de un centenar de individuos fueron detenidos en el curso de las manifestaciones o en relación con ellas. Alrededor de 90 quedaron en libertad sin cargos después de permanecer entre varias horas y varios dí­as privados de libertad; pero unos 25, algunos de cuyos juicios comienzan esta semana, fueron acusados de conspiración criminal, alteración del orden público, daños contra la propiedad pública y otros delitos. Muchos de los detenidos aseguran haber sido torturados o maltratados, ya fuera con el objeto de que firmaran una confesión, para disuadirles de continuar con las protestas o como castigo por reivindicar la independencia del Sáhara Occidental respecto a Marruecos. Estos fueron algunos de los métodos presuntamente utilizados con los detenidos: golpearlos con porras, darles patadas y denunciarlos por "traidores" a Marruecos; dejarlos suspendidos en posturas dolorosas, tapándoles la boca y la nariz con trapos sucios para producirles semiasfixia; y orinar sobre ellos y amenazarlos con la introducción de objetos por el ano.

Amnistí­a Internacional ha señalado que es fundamental la investigación urgente y rigurosa de estas denuncias por parte de las autoridades marroquí­es, y que todo funcionario público que resulte culpable de haber ordenado, utilizado o consentido la tortura sea identificado y llevado ante los tribunales.

Tras los disturbios, las autoridades marroquí­es impidieron a un grupo de parlamentarios españoles y otras personas que intentaban investigar los hechos que visitara el Sáhara Occidental. Igualmente Amnistí­a Internacional considera preocupantes los informes sobre actos de agresión, acoso, intimidación y, en algunos casos, detención durante un breve periodo perpetrados por funcionarios públicos contra defensores de los derechos humanos y periodistas locales. La organización ha pedido a las autoridades marroquí­es que preste atención a estas denuncias y respeten el derecho de los defensores locales de los derechos humanos a informar sobre lo sucedido.

Información complementaria

Amnistí­a Internacional ha investigado los informes recibidos sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante y después de otras manifestaciones con carga polí­tica convocadas en los últimos años en El Aaiún y en Smara. Ha dado a conocer denuncias parecidas sobre el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y la aplicación de tortura o malos tratos a las personas acusadas de dirigir o instigar los actos violentos. Si bien las autoridades han dado un paso importante al responder pormenorizadamente a los motivos de preocupación planteados por Amnistí­a Internacional, normalmente han justificado la falta de investigaciones por la ausencia de denuncias formales, a pesar de los reiterados informes y denuncias de las presuntas ví­ctimas, sus familiares y abogados, así­ como de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.

En virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Marruecos tiene el deber de garantizar que todas las denuncias de tortura se investigan con prontitud, imparcialidad, independencia y exhaustividad, y que se procesa a sus autores. La obligación del Estado de investigar las denuncias se aplica siempre que sea razonable suponer que se ha infligido tortura o malos tratos, aunque no exista una denuncia formal por parte de la presunta ví­ctima.

Según el Comité contra la Tortura de la ONU, esa investigación debe hacerse "sin que tenga mayor relevancia el origen de la sospecha", partiendo incluso de información suministrada por organizaciones no gubernamentales. El Comité contra la Tortura aclaraba así­ la obligación del Estado en este sentido: "[...] basta la simple alegación por parte de la ví­ctima para que surja la obligación del Estado de examinarla pronta e imparcialmente".