Entre 1983 y 1998 Greenpeace desarrolló una intensa campaña internacional contra la utilización de las redes de deriva o "cortinas de la muerte", como son también conocidas . La comunidad internacional empezaba a preocuparse entonces por los problemas de la sobrepesca y por el hecho de que algunas artes de pesca tení­an un gran impacto no sólo sobre las especies objetivo de la pesquerí­a, sino sobre especies sensibles y en algunos casos amenazadas, como delfines, ballenas, tortugas marinas, tiburones o peces luna.

Fruto de las campañas de Greenpeace y de otras ONG, la Asamblea General de Naciones Unidas prohibió el uso de redes de deriva de gran escala en aguas internacionales en 1989 y fue necesario mantener la presión sobre la Unión Europea hasta 1998 para que ésta aprobara una prohibición total de su uso. Pese a que esta prohibición entró en vigor en 2002, es bien conocido que aún hoy en dí­a continúan usándose redes de deriva en paí­ses comunitarios como Italia y Francia, de forma ilegal. A esto hay que sumar el hecho de que pese a estar prohibidas en todo el Mediterráneo, siguen existiendo importantes flotas de deriva en paí­ses como Marruecos o Turquí­a.

Ahora, el nuevo Reglamento de Pesca del Mediterráneo, que se discute el lunes en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, crea con su redacción actual una nueva categorí­a de redes ancladas al fondo, que funcionan como redes de deriva y que estarí­an autorizadas a capturar especies de túnidos, como el bonito y la melva, prohibidas por la actual legislación contra las redes de deriva.

"Las organizaciones ecologistas hemos empleado años para alcanzar la prohibición de un arte de pesca que ha conducido invariablemente a poner en peligro los ecosistemas marinos en los que se ha empleado. Con mucho trabajo hemos conseguido que los gobiernos aprueben leyes al respecto. Y ahora vemos cómo éstos no sólo no han hecho cumplir estas leyes, sino que se disponen a legalizar las flotas piratas que han escapado a su control", declaró Sebastián Losada, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace.

El Gobierno español fue un importante aliado a nivel europeo para conseguir que Francia e Italia aceptaran la legislación que prohibí­a estas redes en 1998. En ese momento estos paí­ses disponí­an de las más importantes flotas rederas a nivel comunitario.

"España debe bloquear la adopción del nuevo reglamento mediterráneo hasta que no se modifiquen las enmiendas a su artí­culo 7 de forma que quede clara la imposibilidad de continuar usando redes de deriva en el Mediterráneo. El actual Gobierno no puede echar por tierra el fruto de tantos años de trabajo esta semana y permitir así­ que los paí­ses que han incumplido la legislación comunitaria y han recibido dinero público para reconvertir estas flotas, se vean ahora premiados y sigan poniendo en peligro los ecosistemas mediterráneos", añadió Losada.

Greenpeace destaca además la repercusión que esa nueva legislación tendrá para toda la cuenca Mediterránea. Actualmente la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico y el Consejo General de Pesca del Mediterráneo prohí­ben la utilización de redes de deriva en la región. Sin embargo, siguen existiendo flotas ilegales en paí­ses como Marruecos y Turquí­a. Greenpeace destaca el precedente que la legislación comunitaria sentará en la región. La flota marroquí­, por ejemplo, está poniendo en peligro a una de las más importantes poblaciones de delfí­n común en el mediterráneo, una especie con importantes problemas de conservación y es prioritario que esta flota se reconvierta.

"¿Cómo va a exigir la Unión Europea a otros paí­ses que cumplan la legislación internacional si legaliza a sus propias flotas rederas?"- pregunta Sebastián Losada - "La crisis pesquera en toda la región es más que evidente, y si algo necesitamos es incrementar la protección a estos ecosistemas y no dar pasos hacia atrás, legalizando flotas que eran hasta ahora ilegales".