Los abogados, fiscales, técnicos de la administración local, ecologistas y expertos en urbanismo reunidos han constatado que existe una gran impunidad en muchas zonas de la geografí­a española con las construcciones ilegales y las recalificaciones de suelo. Las grandes áreas metropolitanas y el litoral concentran gran parte de esas actividades ilí­citas.

En la mayorí­a de los casos las irregularidades se amparan en una generalizada falta de vigilancia y control por parte de las administraciones encargadas de ello, y en una fuerte presión de algunos poderes económicos locales. En algunos casos, incluso, empiezan a estar ligadas a mafias que irrumpen con un tremendo poder económico y que crean dinámicas sociales y polí­ticas muy difí­ciles de controlar.

España se está convirtiendo la primera potencia mundial en construcción de viviendas; se construyen 800.000 al año, más que en Alemania y Francia juntas. En la década de los 90 ha crecido el suelo urbanizable en un 25%, en municipios del litoral este crecimiento ha superado el 50 %, crecimiento totalmente insostenible y que ha generado una economí­a dependiente del ladrillo que devora suelo y agua, recursos limitados que están siendo destruidos a un ritmo sin precedentes. Mientras tanto, España es el paí­s de la Unión Europea donde más crece el precio de la vivienda y donde más están endeudados los ciudadanos para poder adquirir su vivienda. El tiempo medio que se tarda en pagar la vivienda es ya de 24 años.

Entre las conclusiones que se han planteado en las Jornadas se destaca que:

– Hace falta una reforma de la legislación del suelo, de vivienda y de fiscalidad y haciendas locales que permita proteger de la actividad urbanizadora las zonas forestales y otras de interés ambiental, que incentive la rehabilitación y el alquiler de viviendas vací­as y que reoriente la financiación de los Ayuntamientos de manera que no dependan de los ingresos derivados de las licencias urbaní­sticas.

– Se deben reforzar los mecanismos de vigilancia, control e investigación de las ilegalidades urbaní­sticas tanto a nivel administrativo como judicial

– Reforzamiento de las Secciones de Medio Ambiente y Urbanismo de las Fiscalí­as y apoyo desde la Jefaturas de las mismas y desde la Fiscalí­a General del Estado a los fiscales ante las presiones de los poderes públicos y económicos.

– Reforzamiento del SEPRONA y de las policí­as autonómicas para poder atender con más efectividad a este tipo de infracciones.

– Consideración explí­cita del carácter de policí­a judicial de los colectivos de Agentes Medioambientales, de manera que no puedan ser cuestionadas sus actuaciones en la persecución de los delitos contra la ordenación del territorio y su acceso directo a las fiscalí­as.

– Se deben incrementar los instrumentos legales (procesales y de medios) para hacer efectivas las resoluciones, tanto administrativas como judiciales, de paralización y, en su caso, de demolición de obras y edificaciones ilegales.

– Hace falta un desarrollo adecuado de la jurisprudencia sobre los delitos contra la ordenación del territorio de manera que queden superadas algunas interpretaciones restrictivas que se están haciendo por parte de juzgados como, por ejemplo, no incluir al autoconstructor como posible sujeto activo del delito.

– Es necesario concienciar a la sociedad del enorme daño ecológico, económico y social que está ocasionando la delincuencia urbaní­stica, quitando así­ base social a este tipo de delitos, que en grandes zonas del paí­s, goza de bastante complicidad social.