A las 17:30 de hoy, martes 14 de junio, las organizaciones ecologistas WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, se reúnen en el Palacio de la Moncloa con el Presidente del Gobierno, Rodrí­guez Zapatero. Tras valorar positivamente la recuperación del diálogo con el Gobierno de la nación, así­ como la labor del Ministerio de Medio Ambiente en la derogación del trasvase del Ebro y la puesta en marcha del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión del Protocolo de Kioto o la reforma del Consejo Asesor de Medio Ambiente, le plantearán las siguientes cuestiones:

Cambio climático y energí­a

España superó en 2004 en más de un 45% sus emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990. Los datos de 2005 muestran una tendencia a empeorar. El pasado 16 de febrero, fecha de entrada en vigor de Kioto, el Presidente se comprometió a la elaboración de un nuevo Plan de Infraestructuras Energéticas. Las organizaciones ecologistas demandan que dicho Plan asegure el cumplimiento del Protocolo de Kioto en España y el cierre progresivo de las centrales nucleares. Ello exigirí­a un objetivo de ahorro y eficiencia energética y un impulso mucho más ambicioso que el actual al desarrollo de las energí­as renovables. El gobierno debe apoyar un objetivo de reducción de emisiones del 30% para el año 2020, con una participación de las energí­as renovables y la eficiencia energética del 25%. Asimismo demandan la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para hacerlo realmente transparente.

Transporte y Urbanismo

Las organizaciones plantean su preocupación por los impactos ambientales del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT), cuya puesta en marcha impedirí­a el cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto; afectarí­a gravemente a numerosos ecosistemas de la Red Natura 2000; y supondrí­a una profundización en el actual modelo insostenible de transporte. Solicitan por ello su retirada y una profunda remodelación hacia un modelo más sostenible.

La polí­tica urbaní­stica en nuestro paí­s se produce de manera desordenada e incluso caótica, causando graves impactos ambientales y favoreciendo la especulación. Por ello, es necesaria una nueva Ley del Suelo que promueva una auténtica regulación y ordenación del territorio.

Transgénicos y tóxicos

España es el único paí­s de la UE en el que se cultivan variedades manipuladas genéticamente a escala comercial y en condiciones muy inadecuadas: falta de medidas de prevención para evitar impactos sobre el medio ambiente, contaminaciones de otros cultivos y otros efectos negativos para la agricultura; falta de segregación de las cosechas y de las importaciones transgénicas; falta de mecanismos de responsabilidad en caso de efectos negativos. Incluso se cultivan variedades cuya retirada ha sido recomendada por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Por ello las organizaciones ecologistas piden la revocación de las autorizaciones de variedades transgénicas para cultivo; la puesta en marcha de mecanismos para una separación eficaz de los productos transgénicos importados del resto de los productos.

Ante la importante negociación del Programa REACH para el control de la contaminación quí­mica en el marco de la Unión Europea, las organizaciones ecologistas denuncian el papel obstaculizador que está desarrollando el Ministerio de Industria.

Océanos, pesca y costas

La pesca en España está en peligro, y también los pescadores como demuestra el agotamiento y cierre de la pesquerí­a de anchoa en el Cantábrico. La polí­tica pesquera debe girar radicalmente hacia la sostenibilidad. Debe estar basada en una visión integrada, con respeto a los ecosistemas naturales, y en datos cientí­ficos, no en los intereses polí­ticos y económicos de cada momento. La polí­tica pesquera debe orientarse hacia la recuperación de los caladeros nacionales y comunitarios, poniendo en marcha planes de recuperación para especies en situación crí­tica; impulsar la creación de una red de reservas pesqueras y promover activamente medidas para la preservación de ecosistemas sensibles. Las organizaciones ecologistas han pedido que los fondos europeos no se orienten a seguir aumentando la capacidad y la sobrepesca, y se de un giro hacia la gestión adecuada de los recursos. Piden además que España lidere en foros internacionales la lucha contra la pesca ilegal y los métodos de pesca destructivos, como la pesca de arrastre o las redes de deriva. En especial que en la próxima reunión de ministros de pesca España se oponga activamente a la legalización de las redes de deriva en Europa.

La situación en la costa sigue siendo crí­tica por la presión urbaní­stica. La situación es especialmente grave en Levante, Andalucí­a y Murcia. Las organizaciones ecologistas piden un esfuerzo urgente para frenar la destrucción del litoral.

Agricultura, Red Natura 2000 y desarrollo rural

Uno de los grandes desafí­os españoles es la conservación de la Red Natura 2000 que comprende más de 12 millones de hectáreas, aproximadamente el 23% de la superficie española. La adecuada protección y preservación de esta superficie requiere unos recursos financieros estimados en 1.300 millones de Euros, de los cuales una gran parte deberí­an salir de los presupuestos comunitarios, dado que España es el paí­s europeo que más aporta a esta Red Natura. Las organizaciones ecologistas consideran por lo tanto que éste puede ser un activo muy importante de España en la negociación de las Perspectivas Financieras de la Unión Europea, sobre todo si se tiene en cuenta que la Red Natura 2000 puede ser un elemento fundamental en las futuras estrategias de desarrollo rural. Para ello, las ONG reclaman del Presidente un alineamiento claro del Gobierno Español con las recomendaciones aprobadas la semana pasada por el Parlamento Europeo, en las que se exige un mantenimiento de los fondos de desarrollo rural y una financiación especial para Natura 2000 de 21.000 millones de euros.

También reclaman que la polí­tica agraria española emprenda un claro camino hacia la sostenibilidad, promoviendo una auténtica eco-condicionalidad de las ayudas de la PAC, favoreciendo la implantación de más superficie cultivada con métodos agroambientales o ecológicos, y una reducción sustancial del consumo de agua y agroquí­micos.

La administración como consumidor responsable

El consumo está en la base de los principales problemas de medio ambiente, pero las administraciones pueden movilizar el dinero de todos los ciudadanos para defenderlo y apoyar buenas prácticas en lugar de destruirlo. Por ello, los grupos ecologistas han pedido al Presidente que la administración española impulse una polí­tica real de compra responsable en todos los ámbitos de la contratación pública.