La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) saluda el hecho de que, por fin, la consejerí­a de Sanidad asuma públicamente el compromiso de llevar a cabo un estudio epidemiológico sobre el caso de 13 vecinos de Móstoles enfermos de cáncer que viven en las inmediaciones de un transformador de luz pero lamenta que tal iniciativa haya sido forzada por un apercibimiento de desobediencia por parte de la fiscalí­a de Madrid.

La FRAVM recuerda a Manuel Lamela que el movimiento ciudadano ha instado a su consejerí­a a llevar a cabo un estudio epidemiológico para determinar la repercusión de la contaminación electromagnética procedente de las antenas de telefoní­a móvil[1] en la salud de los vecinos una petición que, hasta el momento, se ha "perdido" en el baile de atribución de competencias instalado entre las administraciones regional y estatal, del que da muestra la documentación que adjuntamos y cuyo alcance lamentamos dada la gravedad de lo que está en juego: la salud de la ciudadaní­a.

En este sentido, recordamos que la propia Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM) reconoce, en su tí­tulo quinto, la participación social como "valor social, garantí­a de estabilidad e instrumento de cooperación e información del Sistema Sanitario", la obligación de la consejerí­a de asumir la "vigilancia en salud pública" (art. 54 LOSCAM) y la "promoción de la vigilancia epidemiológica ("¦) de todos los determinantes del proceso salud-enfermedad relacionados con la interacción del individuo con el medio" establecido por el artí­culo 55.5. de la citada norma. La FRAVM exige, por tanto, a la consejerí­a que haga efectiva la coordinación interinstitucional "“obligada por el art. 13. de la LOSCAM- en materia de vigilancia en salud pública a fin de evitar disfunciones que repercutan, como siempre, en la ciudadaní­a y dé efectivo cauce a peticiones procedentes de la ciudadaní­a organizada en defensa de la salud pública y la prevención como uno de los ejes vertebradores de la sanidad, particularmente cuando, a pesar de que no existen informes concluyentes, no pocos estudios cientí­ficos de garantizada solvencia apuntan a la existencia de un riesgo sobre la salud de las personas en casos de exposición continuada a la contaminación electromagnética.

[1] Esta necesidad se hace especialmente patente para valorar actuaciones como la instalación de una antena de telefoní­a móvil en el número 10 de la calle Doce de Octubre, en las inmediaciones del Hospital Infantil Niño Jesús ( ¡!) a cargo de la empresa Vodafone.