Los intentos oficiales por alterar un sistema de trabajo portuario que funciona, se han mantenido en Europa y en España, pese a los acuerdos alcanzados en 2003 y la decisión del Parlamento europeo de 2004.

En España, como fruto del consenso entre todas las partes se aprobó en 2003 una Ley de Puertos, cuya vigencia fue suspendida unilateralmente por el gobierno del partido socialista cuando llegó al poder. Ahora, este gobierno ha presentado un anteproyecto de modificación de esta ley promiulgada, pero nunca aplicada.

En Europa, el proyecto de Directiva europea presentado por Loyola de Palacio, que intentaba también desregularizar las operaciones portuarias, fue rechazado en 2004 por el Parlamento de la Unión. Pero, antes de terminar su mandato, la anterior comisionada Palacio dejó sobre la mesa otro proyecto, idéntico al rechazado, que está ahora iniciando su tramitación.

Esta insistencia obligó a los estibadores portuarios a declarar una huelga en España, del 13 al 15 de junio y un paro de tres horas en toda Europa para el 14 del mismo mes.

Este miércoles 8, el Ministerio de Fomento ha dado garantí­as para abrir un proceso de diálogo que debe culminar antes del 6 de julio. Por tanto, el sindicato La Coordinadora, que encuadra al 90 por ciento de los estibadores de toda España ha aceptado, como una prueba más de su buena voluntad y espí­ritu conciliador, suspender temporalmente la huelga de tres dí­as acordada para todos los puertos del estado español. No obstante, en los puertos canarios, como en los de toda Europa se detendrá el trabajo durante tres horas del martes 14, como protesta ante el proyecto de Directiva europea.

Una vez más, los estibadores portuarios se ven en la obligación de alertar a los tinerfeños y tinerfeñas de la gravedad de esta pretendida desestabilización de un sistema eficaz que beneficia a toda la sociedad canaria. Si se aplicaran las modificaciones que se quieren introducir, el resultado serí­a que las operaciones portuarias podrí­an realizarse por mano de obra no capacitada y sujeta a condiciones de explotación. Con esto, la inseguridad laboral crecerá y la productividad descenderá. Los supuestos ahorros en costes solamente beneficiarán a algunas empresas, perjudicando al resto, a los trabajadores y, en especial, al comercio y a la sociedad en general.