La Comisión Europea acaba de sumarse a las crí­ticas que desde UGT, así­ como desde otros ámbitos profesionales, se vienen haciendo del uso abusivo por parte del Gobierno de los excedentes de la Seguridad Social para alcanzar, a costa de precarizar la protección social, los objetivos de su polí­tica económica. Las crí­ticas de Bruselas a la insuficiente dotación del Fondo de Reserva suponen, además, dar la razón a UGT en sus crí­ticas al Acuerdo de Pensiones del pasado més de abril.

La noticia aparecida hoy en los medios de prensa sobre el toque de atención de la Comisión Europea al Gobierno español respecto a la insuficiente dotación prevista para el Fondo de Reserva, viene a avalar la crí­tica que hiciera la UGT al Acuerdo de Pensiones de 9 de abril de 2001. Hay que recordar, a este respecto, que ésa fue una de las cuestiones, entre otras muchas, que determinaron nuestro rechazo a suscribir el mismo.

Efectivamente, con dicho Acuerdo, se refuerza la instrumentalización de la Seguridad Social para objetivos de polí­tica económica, señaladamente la reducción del déficit público. Si en el pasado reciente se endeudó a la Seguridad Social mediante préstamos, que superan los dos billones de pesetas, que tení­an que haber sido aportaciones finalistas del Estado a su financiación, hoy se utiliza el superávit de la Seguridad Social para tapar el déficit del Estado.

Es esta fórmula impropia e indebida de reducir el déficit público, y, lógicamente, la correlativa falta de aportaciones suficientes al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, lo que precisamente critica la Comisión Europea.

El largo periodo de 12 años (tres legislaturas) que contempla el Acuerdo del 9 de abril para financiar los complementos de mí­nimos de pensiones va a suponer un trasvase de recursos de la Seguridad Social hacia el Estado por un montante que puede superar los 3,5 billones de pesetas, con los que, entre otras cosas, se podrá financiar la próxima reforma regresiva del IRPF. Esos ingentes recursos se dedicarán durante 12 años a sufragar gastos decididos por el Gobierno cuya financiación corresponde al Estado y no a la Seguridad Social, lo que va en detrimento de una mayor dotación del Fondo de Reserva, que es la garantí­a de sostenibilidad del sistema público de pensiones y de la mejora de las prestaciones.

Es exactamente lo mismo que está sucediendo con los excedentes de las cotizaciones sociales del sistema de protección por desempleo: en 4 años el Gobierno se ha apropiado de nada menos que 1,7 billones de pesetas, que ha utilizado para financiar otras polí­ticas de gasto público que nada tienen que ver con las aportaciones de trabajadores y empresas al sistema profesional de protección.

En el Acuerdo de abril de 2001, se pone además, incomprensiblemente, un lí­mite al Fondo de Reserva de la Seguridad Social por un importe de 1 billón de pesetas, cuando todo el mundo es consciente de que las necesidades de financiación van a ser mayores si queremos preservar el actual sistema con unas pensiones dignas y a salvo de futuros recortes.

En suma, la falta de autonomí­a de la Seguridad Social para utilizar los recursos financieros que genera es más grave a partir del Acuerdo, lo cual impide, entre otras cosas, la mejora de nuestra protección social y la convergencia con Europa. Según los últimos datos de EUROSTAT, España ha aumentado todaví­a más la brecha que la separa de la UE en gasto para protección social: la diferencia con la media comunitaria es de 7,6 puntos del PIB, cuando en 1993, por ejemplo, era de 4,8 puntos. Lejos de converger con Europa la divergencia social es cada vez mayor. Sobre un conjunto de 20 paí­ses, los 15 de la Unión Europea más otros 5 del Espacio Económico Europeo, España ocupaba en 1999 el lugar 19 en cuanto a gasto social por habitante, sólo por encima de Eslovaquia.

Por todo ello, UGT considera una falta de responsabilidad la firma del Acuerdo de Pensiones del pasado 9 de abril, al no garantizarse ni la sostenibilidad del sistema ni tampoco la mejora de nuestra magra protección social.