Cuando se cumple un mes de la finalización del proceso extraordinario de normalización laboral, el Departamento de Inmigración de USO-Madrid ya ha detectado numerosos casos en los que, por la actitud de los empleadores, los extranjeros que presentaron la documentación no pueden obtener el permiso de trabajo y residencia.

"Cuando les llega a los empleadores el requerimiento del pago a la Seguridad Social, estos deciden no hacerlo frente, de manera que el permiso que fue primeramente concedido por presentar oferta de trabajo se extingue y el extranjero no puede legalizar su situación", explica Marta Segovia, abogada del departamento de USO-Madrid.

En el plazo de esta última semana se han detectado diez casos sólo en este departamento, pero las abogadas son conscientes de que en otras organizaciones están recibiendo los mismos problemas y prevén que el número de afectados aumente conforme transcurren los dí­as.

"Lo que estamos recomendando", explica Ana Haba, letrada de extranjerí­a, "es que denuncien ante la Inspección de Trabajo y remitan esa denuncia al Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno de Madrid, que tendrá que pensar cómo va a actuar a este respecto, porque seguro que los casos se multiplican".

"Al inicio del proceso nos alarmamos por el número de despedidos que hubo, y ahora resulta que los empleadores que se comprometieron se están echando para atrás, a pesar de que en muchos casos los propios trabajadores se pagan sus tasas de trabajo (de 175´65 € como mí­nimo), lo que corresponderí­a a los empleadores", se lamentan las abogadas.

El pago a la Seguridad Social supone aproximadamente una tercera parte del salario del trabajador y hacerlo efectivo es una condición que se sabí­a desde el primer momento de la regularización.

USO-Madrid es la tercera fuerza sindical de la Comunidad de Madrid y en continuo crecimiento. Es un sindicato autónomo, libre, soberano y pluralista que defiende los intereses de los trabajadores desde la independencia sindical. Ofrece un amplio abanico de servicios jurí­dicos, caja de resistencia (el único sindicato en España que cubre económicamente huelgas, sanciones y despidos de sus afiliados), cursos de formación continua y ocupacional, servicios documentales, elaboración de la declaración de la rente y atención gratuita a inmigrantes, entre otras.