El juzgado de lo social Nº 35 de Madrid ha dictado una sentencia en la que se reconoce que tres trabajadoras de las subcontratas que Repsol YPF tiene para la prestación del servicio en el Centro de Atención al Usuario (CAU) han sido cedidas ilegalmente desde las empresas NCR España y Data Cartridge a su contratista Repsol.

El juez de Madrid José Antonio Capilla Bolaños dice en su sentencia que son muchas las sentencias que delimitan la delgada lí­nea entre subcontratación y cesión ilegal de trabajadores y que en el caso del que hablamos, si bien las empresas tienen organización y patrimonio propio, la contratación de estas personas lo fue realmente para prestar servicios a Repsol.

Hechos como que las bajas se comunicasen directamente a Repsol YPF o que ningún responsable de estas empresas tuviera presencia fí­sica a efectos de control y organización del trabajo en la sede de Repsol lo demuestran.

Para la Confederación General del Trabajo(CGT) es lamentable que una empresa que ha sido pública utilice a los trabajadores de esta manera, llegando a incumplir la legislación vigente como se demuestra en la sentencia citada.