Según un informe de la Defensorí­a del Pueblo, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario continúan, principalmente en los departamentos Santander, Cesar, Norte de Santander, Sucre y la ciudad de Bogotá. De acuerdo con la Defensorí­a, en estas zonas del paí­s se produjeron 761 de los 1.909 casos ocurridos durante el 2004, que van desde amenazas, ataques o represalias contra la población civil, desplazamiento forzado y homicidios selectivos, entre otros.

El caso más preocupante fue el departamento de Santander, donde se presentaron 206 infracciones al DIH, y la capital del paí­s que, por primera vez, registró 130 hechos atribuidos a las autodefensas. Según la Defensorí­a, el promedio en el paí­s fue de 60 casos por departamento.

Según la prensa colombiana, la Fundación Seguridad y Democracia informa que las zonas más crí­ticas entre diciembre de 2004 y enero de 2005 fueron Arauca, Putumayo, Cesar y Valle del Cauca. En esta última, la violencia mantiene su tendencia en lo que va de 2005, entre otros factores, por la presencia de hombres de las AUC involucrados en el negocio del narcotráfico.

La Misión de Apoyo a los Procesos de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es responsable por la verificación del proceso de negociación entre gobierno y AUC, desde hace poco más de un año. Uno de sus compromisos es presentar, cada tres meses, un informe de seguimiento a esa negociación. Según esa misión, si bien las AUC no han cumplido en forma total con el compromiso de cese de hostilidades, sí­ se disminuyeron sus ataques.

Hasta ahora, se han desmovilizado 3.793 combatientes que entregaron, hasta marzo, 7.471 armas, 105 fincas, 58 inmuebles (entre casas y lotes), 10 lanchas, 45 mulas y 11 vehí­culos. Sin embargo unos 15.000 hombres de las autodefensas, al mando de Ramón Isaza, aún faltan por desmovilizarse.

Del noviembre de 2004 a febrero del 2005, en el contexto de los acuerdos formalizados entre el Gobierno de la República de Colombia y las AUC, se llevaron a cabo ocho desmovilizaciones colectivas, que incluyeron el Bloque Bananero (Antioquia), el Bloque Catatumbo (norte de Santander), el Bloque Cundinamarca (Cundinamarca), el Bloque Calima (Vale del Cauca), los Frentes Sinú y San Jorge de las Autodefensas de Córdoba (Córdoba), el Bloque del Suroeste Antioqueño (Antioquia), el Bloque Mojana (Sucre) y las Autodefensas del Sur de Magdalena y de la Isla de San Fernando (Magdalena).

En la semana pasada, en la Capital belga, la Fundación Friedrich Ebert Stiftug divulgó un análisis del conflicto colombiano. Representantes del Gobierno de Colombia dieron explicaciones principalmente sobre la posible impunidad que alimenta el proceso con las AUC.

Para la fundación alemana, entre las causas estructurales del conflicto, además de su legado histórico, hay la acción cotidiana de la violencia y las posibilidades restringidas de participación polí­tica. El estudio menciona que en Colombia -el estado de derecho está acompañado de una impunidad muy alta- y -la tendencia a criminalizar la posición extraparlamentaria-.

Menciona también como causas, el acceso desigual a la tierra y a otros recursos naturales entre ellos la droga. Dice que el conflicto agrario es un factor central de la crisis, -mientras en el espacio urbano no haya perspectivas de vida para los inmigrantes del campo-.

El estudio anuncia que en el caso negativo de que fracasen las negociaciones con las AUC se aumentarí­an los enfrentamientos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pasarí­an a una ofensiva militar más intensa. Señala como un deseable escenario positivo un eventual éxito en las conversaciones con las AUC, pero dentro de criterios y bases claras en cuanto a derechos humanos y estándares jurí­dicos internacionales -esto servirí­a como base para negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC-.