La secretaria confederal de Polí­tica Social de CC OO, Paloma López, ha calificado de ’ne-gativo’ el balance del primer año de vigencia de la Ley de Extranjerí­a. "No ha servido para gestionar los flujos migratorios, como aseguró el Gobierno para justificar su aprobación". Según la responsable de CC.OO. este fracaso "demuestra que la contrarreforma era inne-cesaria".

En la rueda de prensa ofrecida esta mañana para valorar la Ley de Extranjerí­a, López ha seña-lado que en su primer año "sólo se han producido avances en polí­ticas restrictivas y represivas". Asimismo, ha denunciado el caos administrativo y el incumplimiento absoluto del Plan Greco, que establecí­a la dotación de medios y recursos a la Administración. "Siguen sin resolverse más del 55 por ciento de los expedientes de regularización, debido al caos y el colapso administrativo producido por la improvisación y la falta de voluntad para resolver las solicitudes", añadió.

Igualmente, Paloma López ha denunciado la contradicción entre las palabras y los hechos en referencia a las manifestaciones del Presidente del Gobierno, José Marí­a Aznar en el congreso de su partido. "El discurso de tolerancia e integración de Aznar no tiene nada que ver con la rea-lidad", como se ha podido comprobar en las recientes cargas policiales de Almeria y Málaga, en la situación de hacinamiento en que se mantiene a los inmigrantes en Fuerteventura o por las declaraciones del Delegado del Gobierno de Melilla pidiendo la expulsión de las familias de los menores que cometan actos delictivos.

La secretaria de Polí­tica Social de CC.OO., ha criticado asimismo que el Gobierno del PP haya retirado de la agenda de la presidencia española de turno de la UE las materias relativas a inmi-gración, así­ como la orden del Gobierno de rechazar las solicitudes de residencia y de trabajo presentadas por los inmigrantes, aunque tengan una oferta en firme de contrato laboral, posibili-dad contemplada como uno de los mecanismos de la Ley de Extranjerí­a para obtener permiso de trabajo y de residencia. Según ha anunciado, CC.OO. presentará un Recurso Contencioso Administrativo contra esta resolución del Gobierno.