La Comisión Europea ha aprobado una propuesta de Directiva que trata de poner en funcionamiento práctico el principio de "quién contamina, paga". El objetivo de la propuesta es el establecimiento de un régimen de responsabilidad ambiental en Europa y frenar las actuales tendencias insostenibles de pérdida de biodiversidad y de contaminación de aguas y suelos. Esta propuesta se discutirá en el próximo Consejo de Ministros de la UE en el mes de marzo.

Sin embargo Greenpeace y otras organizaciones ecologistas consideran la propuesta demasiado débil ya que en su texto actual:

Limita el daño a la biodiversidad sólo a las especies y zonas protegidas,

Establece una provisión por la cual se permite a las firmas con permisos ambientales eludir la responsabilidad por el daño causado.

No cubre la contaminación por organismos modificados genéticamente que hayan sido autorizados.

La carga de la prueba del daño causado estará en las autoridades competentes.

"Es necesaria una Directiva que impulse la persecución a las industrias contaminantes para que paguen el daño ambiental causado, y promueva la prevención. Sin embargo en su texto actual la propuesta favorece los intereses de los contaminadores en vez de el interés público" ha declarado Juan López de Uralde, Director de Greenpeace "La Directiva debe cambiarse y eso debe impulsarse desde la Presidencia española. Tras los últimos atentados ambientales, serí­a imperdonable que no se hiciera".

Por otro lado, Greenpeace apoya la creación de una fiscalí­a especifica que persiga las agresiones contra el medio ambiente. Para Greenpeace, hechos como los vertidos al Ebro, al Duero o sucesos como el de Escombreras deben perseguidos de oficio por la Justicia, para lo cual es muy necesaria la creación de una fiscalí­a ambiental.