El Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció en febrero de 2004 un nuevo Plan regional para la Inmigración 2004-2007. Estamos en mayo de 2005, en el ecuador de la legislatura, y todaví­a el Plan Regional es sólo un proyecto sobre el papel. Ahora ha reaparecido con el nombramiento de Gotzone Mora como presidenta del Foro Regional para la Inmigración, y la reforma del Decreto que regula este órgano consultivo, como si fueran a ser los grandes revulsivos contra la dejadez administrativa mantenida hasta ahora.

UGT-Madrid denuncia que el Gobierno Regional sigue empeñado en contemplar la inmigración como un asunto de orden público y de seguridad ciudadana por un lado, y de servicios sociales especí­ficos y excluyentes, por otro.

Olvidan que, sobre todo el empleo, ya que los inmigrantes en Madrid mantienen una tasa de actividad por encima del 76%, y se encuentran trabajando la inmensa mayorí­a (regulares e irregulares) en la economí­a sumergida que produce el 23% del PIB, pero también la vivienda, la escolarización, la participación en los asuntos municipales, la lucha contra su explotación laboral han sido y siguen siendo las demandas principales de los trabajadores desplazados para conseguir su integración social, idénticas a las de los madrileños autóctonos, asuntos estos que se invisibilizan polí­ticamente como si fueran creados por los propios trabajadores extranjeros, y el Gobierno Regional no tuviese nada que decir ni hacer.

La polí­tica inmigratoria, por intervenir sobre un hecho social tan complejo supera las competencias de la Consejerí­a de Familia y Asuntos Sociales. UGT-Madrid exige que la polí­tica inmigratoria se vincule directamente a la Consejerí­a Presidencia y que sea transversal a todas la Consejerí­as, implicando presupuestos y actuaciones de todas ellas, como ocurre en otros gobiernos regionales.

UGT-Madrid insta a las tres administraciones competentes en nuestro territorio para que se coordinen entre si y con los agentes sociales. El consenso es absolutamente necesario en una materia tan sensible como la polí­tica inmigratoria y de inserción social, donde la intervención administrativa debe ser sobre todo discreta y eficiente, para que sea la propia sociedad la que asuma el reto de acoger a los inmigrantes, y al mismo tiempo se adapte al cambio social que necesariamente provocarán, encontrando nuevas formas, más diversas, de resolver el conflicto vecinal.

La falta de previsión administrativa, y al utilización de la inmigración como herramienta polí­tica, son errores del Vicepresidente que puede afectar a demasiadas personas, muy vulnerables. Los desgraciados hechos ocurridos en Villaverde, y la práctica cotidiana de la Administración autonómica nos dicen que al Gobierno de la Comunidad le han faltado reflejos, deberí­a haber estado más atento haber intervenido antes, y a partir de ahora, de forma más efectiva y menos efectista, si quiere seguir dinamizando la sociedad mestiza y de acogida que siempre ha sido la Comunidad madrileña.