El problema atañe principalmente a municipios pobres y pequeños. De acuerdo con el estudio de la UnB, el 74% de los municipios que aparecen en la lista y registran la práctica del delito tienen una población entre 5 mil y 100 mil habitantes.

De los 930 municipios brasileros incluidos en la lista, más de un tercio (31,8%) están ubicados en la región Nordeste, la más pobre del paí­s. En seguida, viene la región Sudeste 25,7%, el Sur con 17,3%, Centro Oeste, 13,6%, y el Norte donde están el 11,6% de los municipios.

Realizado por un grupo de seis profesores e investigadores, el estudio señala la impunidad y vulnerabilidad social de las ví­ctimas como principal causa de la explotación sexual y recomienda como actividad para el combate del comercio sexual de jóvenes la articulación de tres frentes: polí­ticas que revean las condiciones de trabajo de las familias, transferencia de renta que, efectivamente, llegue a los más necesitados y compromiso con la educación de los niños.

– Tenemos de reconocer que hay una polí­tica pública de combate a la explotación sexual de las jóvenes, pero que está desarticulada y fragmentada-, afirma la coordinadora del estudio, profesora Maria Lúcia Pinto Leal, del Departamento de Servicio Social. Para la profesora es necesario promover una amplia capacitación de los sectores de combate de este delito y de protección de las niñas y jóvenes en riesgo, además de una efectiva implementación de los proyectos sociales de combate a la pobreza.

Fronteras son amenaza

Las fronteras de Brasil con los vecinos sudamericanos pueden ser consideradas áreas crí­ticas en relación con la explotación sexual comercial de niñas y de adolescentes. De los 570 municipios en su condición de fronterizos, 104 fueron identificados en la investigación de la Universidad de Brasilia como localidades donde existe la práctica del delito.

Esos municipios limitan con 10 paí­ses: Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay. En algunas de estas áreas, especialmente en Foz de Iguazú, en la frontera con Argentina y Paraguay, el tránsito de personas es intenso y la fiscalización precaria.