En el citado documento de conclusiones Ekologistak martxan y Bizkaia Bizirik entienden que la Diputación vizcaí­na infringió el Art. 23.1 de la Constitución, así­ como lo dispuesto en el Art. 4.2 de la Ley del Suelo y en los Arts. 130 y 132 del Reglamento de Planeamiento Urbaní­stico, en la medida en que impidió a los ciudadanos conocer elementos esenciales del citado Plan Especial. Tras el sometimiento al proceso de información pública y la aprobación inicial de la Diputación vizcaí­na se realizaron una serie de modificaciones que trastocaron el contenido del citado plan urbaní­stico:

1. Supresión de la calificación del proyecto como Sistema General.
2. Incorporación de una normativa especí­fica al Proyecto de Urbanización.
3. Aumento de la superficie edificable de 25.000 a 27.000 m2.
4. Incorporación de un Estudio - Económico Financiero.
5. Incorporación de un Informe de Impacto Ambiental.

Estas alteraciones del plan inicial no fueron sometidas a información pública, siendo de suma trascendencia en el planteamiento global del mismo. Además de ser el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el que tiene que prever dicho tipo de proyecto, y el de Bilbao no lo hace, dicha variación implica que quien tiene la potestad de aprobarla es el Pleno del Ayuntamiento y no el delegable en el Alcalde, según el Art. 22 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local. Dicha modificación es, pues, de una indudable trascendencia en todo el proceso administrativo.

En virtud de lo dispuesto en el Art. 62.1.a) y e) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, Ekologistak martxan y Bizkaia Bizirik entendí­amos y seguimos entendiendo que dicho Plan Especial debí­a ser declarado nulo ya que los ciudadanos no tuvieron la oportunidad de presentar alegaciones ni al informe de Impacto Ambiental del mismo, ni al Estudio Económico-Financiero, modificado tras el perí­odo de información pública

Pero una de las cuestiones que consideramos de mayor gravedad es la relativa a la incompetencia de la Diputación Foral de Bizkaia de cara a aprobar inicial, provisional y definitivamente el mencionado Plan Especial. Baste recordar que normas como la Ley del Suelo de 1976, la Ley del Territorio Histórico 27/83 del Parlamento Vasco, modificada por la Ley 5/93, de 16 de julio o el Art. 4 de la Ley 5/98, de 6 de marzo de Medidas Urgentes en Materia de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana del Parlamento Vasco inciden en conceder esa competencia a los ayuntamientos y en dejar solamente en ciertos casos esta potestad en manos de entidades forales.

Desde el ámbito de generación de energí­a eléctrica, el Art. 10.11 del Estatuto de Autonomí­a señala a las Comunidades Autónomas como las instituciones con competencia exclusiva para desarrollar planes sobre instalaciones de producción de energí­a. Y analizado el proyecto desde el punto de vista de la gestión de residuos urbanos, la competencia es clara a favor de los municipios. Así­ lo ha sido siempre desde la Ley 42/75, de 19 de noviembre, Art. 2.1.g), de acuerdo con la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que en su Art. 25.2.1) le atribuye, sin ninguna objeción, la función de recogida y tratamiento de residuos.

El Plan Especial que se impugna, no solo se limita a derogar singularmente el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, sino que además clasifica el suelo, siendo contrario a lo dispuesto en el Art. 84.5 de la Ley del Suelo y el Art. 76.6 del Reglamento de Planeamiento Urbaní­stico que lo prohiben expresamente.

En el Plan Especial se circunscribe a una zona de 1.080.000 m2 que es calificada por el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao como Suelo No Urbanizable. Esas modificaciones cambian, por otra parte, la estructura fundamental de dicho plan urbaní­stico porque no solo urbaniza un suelo protegido, sino que pretende establecer en él un sistema general no previsto en el mismo.

La nueva clasificación que propone el Plan Especial no tiene justificación alguna de carácter urbaní­stico. Ni la Ley de Medio Ambiente del Paí­s Vasco, ni las Directrices de Ordenación del Territorio, ni ningún PTP o PTS, ni el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, ni siquiera el Plan de Gestión Integral de RSUs aprobado en 1997 por las Juntas Generales de Gernika Bilbao se refieren a la instalación de una incineradora en Bilbao.

Por todas estas razones, Ekologistak martxan y Bizkaia Bizirik seguimos instando a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV para que revoque el Acuerdo de 1 de junio de 1999 mediante el cuál la Diputación aprobó este Plan Especial tan lleno de irregularidades como ilegal.