Las ONG españolas de ayuda al desarrollo, ecologistas y sindicatos están preocupadas por el problema de la tala ilegal e insostenible así­ como por el escaso interés de las Administraciones públicas españolas, grandes consumidores de madera y papel, por evitar ser cómplices de la mayor amenaza de los últimos bosques primarios del planeta.

La tala ilegal contribuye a la deforestación, es causa de pérdida de biodiversidad y quebranta el cumplimiento de la ley. Además, arruina los esfuerzos de la gestión forestal responsable, estimula la corrupción y la evasión fiscal y reduce los ingresos de los paí­ses productores afectando a millones de personas que habitan y dependen de los bosques y sus recursos.
Según estimaciones del Banco Mundial [1], las talas ilegales y su mercado asociado suponen, a los paí­ses productores, pérdidas anuales de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, de los que entre el 4,2 y el 6,2% se deben al impacto del consumo español, pues el 15,8% de las importaciones españolas de madera proceden de regiones donde las talas ilegales son prácticas habituales.

La propia Unión Europea, consciente de la magnitud de éste problema, ha puesto en marcha el proceso FLEGT [2] para detener el comercio ilegal de madera a la vez que recomienda a sus estados miembros que desarrollen polí­ticas de compra verde [3] de productos forestales, pero a pesar de estas iniciativas las Administraciones públicas españolas siguen ignorando su responsabilidad como consumidores.

Las organizaciones firmantes están especialmente preocupadas porque la inmensa mayorí­a de las Administraciones públicas, cuyas compras en madera y papel equivalen al 18% del consumo total de este mercado, desconocen el origen de estos productos y no cuentan con instrumentos para evitar que, en sus obras y servicios, se utilicen productos forestales extraí­dos de forma ilegal o insostenible.

A la vista del importante peso relativo de las compras públicas en el conjunto del mercado forestal español, las organizaciones firmantes consideran que las Administraciones públicas son la pieza clave para revertir la tendencia actual de un consumo irresponsable que arruina los principios de la sostenibilidad en los ecosistemas forestales de todo el mundo.

Por ello, las organizaciones firmantes4 de este manifiesto, pedimos a las Administraciones públicas que tomen urgentemente medidas consistentes en el desarrollo y aplicación de polí­ticas de compra responsable de madera y papel en las que se de prioridad a los productos certificados por sistemas creí­bles como el FSC (Forest Stewardship Council) y que rechacen los productos cuyo origen es ilegal, insostenible o desconocido.

Las organizaciones firmantes de este manifiesto consideran que:

El FSC (Consejo de Administración Forestal o Forest Stewardship Council) es el único sistema de certificación de forestal que proporciona una verificación independiente y creí­ble de la buena gestión de los bosques comprometida con la naturaleza, beneficiosa para la sociedad y económicamente viable.

El FSC ofrece un seguimiento creí­ble de los productos desde la unidad de gestión forestal hasta el consumidor, gracias a su rigurosa verificación independiente de la totalidad de la Cadena de Custodia.

Todo el proceso de toma de decisiones del FSC y de sus iniciativas nacionales y regionales se basa en el equilibrio de los intereses ambientales, sociales y económicos por eso cuenta con el apoyo de las principales ONG ambientales, sindicatos, grupos sociales, pueblos indí­genas, propietarios de bosques privados, comunales y estatales, industrias madereras, cientí­ficos y numerosos ciudadanos, de más de 60 paí­ses de todo el mundo.

El FSC es una organización sin ánimo de lucro abierta a todos los grupos de interés, en el ámbito global, regional, nacional y local.